Juez de Melo pidió informe siquiátrico por caso Antúnez

Tal cual lo adelantara LA REPUBLICA en su momento, al reiniciarse la actividad judicial, el juez letrado de Melo, Juan Carlos Fernández, se apresta a tomar una decisión con relación a los supuestos atentados perpetrados contra Marcela Antúnez, esposa del diputado quincista por Cerro Largo, Gustavo Silveira.

El complicado caso que investiga el joven magistrado tiene diversas aristas, no exentas de aditivos políticos, ya que un eventual fallo que corrobore la simulación de delito podría tener importantes consecuencias en ese terreno. Ultimamente se insiste con la posibilidad de que al diputado Silveira se le asigne un cargo diplomático en el exterior con el fin de minimizar el costo político que le podría acarrear el desenlace del caso.

Como se sabe, Antúnez dice haber sido víctima de dos agresiones físicas perpetradas por desconocidos en Melo y Canelones, el 12 y el 19 de noviembre respectivamente, a pesar de la celosa vigilancia policial dispuesta por ambas jefaturas.

Según la versión de Antúnez, el primero de los hechos se habría registrado en el patio de su residencia, en pleno centro de la capital arachana. Ni la guardia externa, ni los vecinos percibieron el supuesto ingreso y posterior fuga del agresor. Pese a que inmediatamente se montó un espectacular operativo en los alrededores de la vivienda tampoco se encontraron pistas que permitieran confirmar la existencia del presunto intruso. Horas antes del hecho, en la casa de Silveira, había aparecido un anónimo con recortes de diarios donde se alertaba de las consecuencias que podría arrojar para la familia la posición del diputado en favor de luchar contra el contrabando.

Se tejieron innumerables especulaciones y conjeturas, pero crece la tesis de que el hecho en realidad no existió y se trata de una autoagresión con fines desconocidos, aunque para muchos entendibles, en razón de los desequilibrios emocionales que padecería la mujer.

Se supo luego que el anónimo había sido confeccionado con diarios pertenecientes a la colección de Silveira y que la hoja en la cual se pegaron los recortes correspondía a la papelería que importa el Parlamento.

Simulación

El resultado de esta pericia hizo robustecer la tesis de la simulación de la agresión, posición desde un principio sustentada por el ex jefe de Policía, inspector general Santiago Bitavares, destituido por el presidente Batlle desde Estados Unidos, en decisión fuertemente cuestionada por otras autoridades y la propia población del departamento.

En la órbita judicial el magistrado Fernández interrogó en varias oportunidades a Marcela Antúnez y a su esposo, el diputado Gustavo Silveira, haciendo lo propio con un conocido empresario fronterizo y una abogada que se encontraban en la casa del legislador en el momento en que se desencadenaron los hechos.

Paralelamente, el juez convocó a su despacho a una doméstica de la familia, a la secretaria política de Silveira y a otras personas vinculadas estrechamente con Antúnez y el entorno familiar. A partir de allí el juez de Melo también comenzó a intercambiar información con su colega de la Costa de Oro Gustavo Mirabal, a cargo de la investigación del segundo atentado, ocurrido una semana después en el balneario Cuchilla Alta. Si bien Fernández mantiene un rígido hermetismo sobre las etapas de la investigación y el inminente fallo, trascendió que recientemente habría solicitado un informe médico a la Clínica psiquiátrica IRAL de Montevideo, donde desde hace un mes se encuentra internada por su propia voluntad la mujer del diputado. También se maneja como posible una nueva instancia de interrogatorio a Marcela Antúnez, lo que podría ocurrir de un momento a otro. *