Uruguay levantó observaciones de la OEA sobre control de drogas

El Cicad, que funciona en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), surgió años atrás como un mecanismo para contrarrestar la evaluación unilateral que Estados Unidos hace en la materia, de cuyo resultado depende el apoyo que un país pueda recibir. El Cicad, por el contrario, depende de un análisis multilateral que se mide con base en decenas de parámetros que permiten un panorama más amplio sobre la lucha que cada nación lleva adelante contra el narcotráfico y el consumo.

Uruguay, uno de los promotores de este sistema alternativo a la certificación estadounidense, recibió en 2000 y 2001 una serie de recomendaciones sobre situaciones que debía solucionar. Estas iban desde la necesidad de que la Junta Nacional de Drogas (JND) contara con un presupuesto propio, hasta la ratificación de convenios internacionales y la estructuración de políticas para el control de la demanda.

En siete de las ocho observaciones Uruguay presentó documentación e informes en los que demostró estar generando cambios; en la restante, la propia Cicad reconoció que la falta de una metodología común impidió conocer cuál es el impacto económico de la droga en el país.

Sobre este ítem, el organismo internacional informó que a mediados de 2002 presentará dicha metodología para que los países miembro puedan conocer estos parámetros a la hora de destinar recursos.

Avances logrados

El hecho de que el gobierno uruguayo haya mostrado las iniciativas no determina la aprobación final de todas ellas, sino que, como se advierte en algunos puntos, la Cicad reconoce «los avances logrados para la implementación de esta recomendación».

La primera de ellas reclamaba que la JND, a cargo del prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, cuente «con un presupuesto propio para el cumplimiento de sus actividades». Como respuesta se informó que en el «presupuesto nacional de Uruguay se contempla una partida exclusivamente destinada» al organismo, por lo cual la Cicad expresó «su satisfacción por el cumplimiento de la recomendación».

En el informe, al que accedió LA REPUBLICA, se lee la segunda observación recibida: ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados.

Esto último fue asumido mediante la Ley 17.300 de marzo de 2001, mientras que el primer punto se encuentra en trámite parlamentario.

Los puntos tres y cuatro referían a la ampliación de los programas que incluyan a niños de la calle y adolescentes no escolarizados y al desarrollo de los programas antidroga en los lugares de trabajo, tanto públicos como privados.

Sobre lo primero, Uruguay informó que existen varias iniciativas lanzadas recientemente –con financiamiento del BID– para niños, adolescentes y familias en riesgo, mientras que el Iname va en el mismo sentido mediante convenios con diversas ONG.

Sobre el consumo de estupefacientes en ámbitos laborales se explicó que en diciembre de 2001 se realizó un taller sobre la temática con la participación de empresarios, sindicatos y la OIT a los efectos de implementar acciones coordinadas.

Con respecto a la quinta observación –fortalecer el sistema de detección de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados al tráfico ilícito de drogas–, el gobierno de Jorge Batlle explicó que se vienen coordinando tareas entre distintas reparticiones competentes, así como también recurriendo a la capacitación de funcionarios con la colaboración de la Cicad/OEA.

Consideración final

El país también consiguió el visto bueno de los demás integrantes de la evaluación acerca de «establecer directrices para normas mínimas de atención en el tratamiento de drogas», al señalar que se está elaborando un esquema en este sentido entre los técnicos de la JND y el apoyo de organismos de gobierno, internacionales y no gubernamentales.

También se demostró que entrará en funcionamiento a la brevedad un mecanismo computarizado que permitirá evaluar e interpretar los procesos, efectos e impactos de las intervenciones en el ámbito de la reducción de la demanda.

«La Cicad reconoce los esfuerzos que Uruguay ha hecho para cumplir con el conjunto de las recomendaciones (…) Asimismo reconoce progresos en los programas destinados a los niños de la calle y adolescentes no escolarizados, como también está dando los pasos necesarios en el continuo desarrollo de programas de prevención del consumo de drogas en el lugar de trabajo».

«La Cicad alienta a Uruguay para que las acciones emprendidas sean concluidas en el tiempo previsto», culmina el capítulo del informe anual referido a Uruguay. *