Cinco procesados por delitos con vehículos

El primero de los hechos, el más importante a la hora de medir el resultado por los procesados, se desarrolló entre el viernes y el sábado pasado, habiendo la Justicia decidido el procesamiento de cuatro personas, sólo una de ellas sin prisión.

Las pesquisas se iniciaron con inspecciones de rutina que el personal de Automotores realizó en talleres de la Costa de Oro canaria. En uno de ellos se encontró la camioneta matrícula 921-391 que se encontraba desde el 28 de abril requerida por hurto en Carrasco. Ante este hallazgo en un primer momento se pensó que se había dado con un desguazadero de autos robados, pero las indagaciones demostraron que el tema era otro. Los actuantes determinaron que el encargado del taller, LAGT de 53 años y poseedor de antecedentes penales por encubrimiento, estaba ocultando dicho vehículo en el marco de una maniobra de cobro del seguro. La camioneta pertenece a un matrimonio (que denunció el supuesto robo), el cual fue detenido, como así también un yerno de ellos que había colaborado en el proceso.

Pasado el caso a la órbita judicial, la encargada del Juzgado Penal de 17º Turno procesó con prisión a IMCA de 48 años, a su esposo JRRM de 48 años y al yerno HADS de 34 años por «ocultación de cosa propia con el fin de obtener el precio de un seguro».

El tallerista evitó la cárcel, pero fue procesado sin prisión por idéntica causa.

Tráfico

Por otro lado, en la madrugada de ayer otro equipo de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, observó en Avenida Italia y Bolivia el desplazamiento de la camioneta matriculada en Tacuarembó con la placa RA-10665. Este rodado había sido robado momentos antes en Alicante y Ayacucho.

Al interceptar el paso de esta camioneta fue detenido su conductor, identificado como Oscar Gastón Rubi Almeida, de 28 años y poseedor de cuatro antecedentes penales.

Al ser indagado el hombre reconoció que él mismo la había hurtado y que pensaba llevarla hasta la frontera del Chuy, a donde debía entregarla a otra persona, que posteriormente la trasladaría hasta Paraguay.

Rubi Almeida dijo que por ese trabajo recibiría 200 dólares. La misma jueza que en el caso anterior le tomó declaraciones al confeso ladrón y decidió enviarlo nuevamente a la cárcel por «un delito de hurto». *