Empleada de Antúnez denunció que su patrona la obligó a amenazarla

Esto ocurrió en el marco de las sospechas levantadas en torno a la veracidad de las denuncias de agresión que, en Cerro Largo y Canelones, formuló Marcela Antúnez, esposa del diputado quincista por el departamento arachán, quien en un principio no dudó en vincular los casos con las supuestas amenazas de muerte que habría recibido por las mafias del contrabando.

Según revelaron altas fuentes policiales, en horas del pasado lunes, cuando Antúnez se encontraba en su apartamento de Montevideo, la empleada de Silveira concurrió al juzgado de la capital arachana y denunció que la esposa del legislador la había obligado a que la llamara desde una cabina telefónica de esa ciudad para efectuarle amenazas de muerte.

La encargada de las tareas domésticas en la casa del diputado decidió concurrir previamente al juzgado de Melo para revelar lo sucedido ante el juez que instruye la causa, quien acompañó a la mujer a una cabina para que efectuara el llamado a su patrona. «Todo esto te va a costar muy caro», fue la advertencia. Dicho testimonio, indicaron las fuentes, forma parte del expediente judicial sobre las denuncias de Antúnez.

Asimismo, este elemento se agrega a las investigaciones realizadas por la Policía de Cerro Largo, tras las que se determinó que el papel utilizado para enviar las «amenazas» de muerte al diputado Silveira por sus denuncias contra el «contrabando» –cursadas anónimamente en los días previos a la primera denuncia de agresión– solamente es importado por el Parlamento Nacional. Además, las letras recortadas para escribir las frases intimidatorias habían sido recortadas de los diarios de la colección de Silveira, los cuales aparecieron en una casa contigua.

Días atrás, en un acto realizado en Cerro Largo, el diputado Silveira se refirió a este tema: «A los efectos de la instrucción es importante que se maneje como dice la ley y la Constitución y que el presumario se mantenga en secreto». «Si todos hiciéramos lo mismo, creo que la Justicia iría mucho más rápidamente. Estoy dispuesto a poner lo que esté a mi alcance para que se esclarezca cuanto antes lo sucedido y así poder retomar la paz familiar», prometió.

Amenazas y destitución

La primera «amenaza» denunciada por Marcela Antúnez se registró el pasado 12 de noviembre en Melo. Ese día, la esposa del legislador quincista por ese departamento aseguró que un desconocido había ingresado a su vivienda y había intentado ahorcarla.

Por ese caso, el presidente Jorge Batlle y el ministro del Interior, Guillermo Stirling, destituyeron al hasta entonces jefe de Policía arachán, Santiago Bitavares, a quien acusaron de no brindar la protección adecuada a Silveira, supuestamente amenazado de muerte por la mafia del contrabando.

Sin embargo el diputado se había negado, ante el ofrecimiento del jerarca, a tener policías de custodia dentro de su casa, y puntualizó que sólo aceptaba uno parado frente al acceso a su vivienda.

Siete días después, mientras el jerarca policial destituido aseguraba que la medida adoptada era injusta, Antúnez volvió a denunciar un intento de homicidio. Esta vez, el supuesto desconocido había ingresado a una cabaña del balneario de Cuchilla Alta, intentando matarla.

Conclusiones canarias

Mientras tanto, la Jefatura de Policía de Canelones ha concluido sus investigaciones en torno al episodio denunciado en la cabaña de Cuchilla Alta, concluyendo que el intento de homicidio denunciado en la madrugada del lunes 19 de noviembre jamás existió.

Cuando Antúnez formuló su denuncia ante la Policía canaria surgieron determinadas dudas al respecto, las cuales se sumaron a los puntos flojos que había en torno a la situación ocurrida en el departamento fronterizo.

Ocurre que a la hora de la hipotética amenaza, dentro de la cabaña de Cuchilla Alta dormían un policía arachán de confianza de la familia, los cuatro hijos del matrimonio y una secretaria del diputado Silveira, quien estaba en Melo.

Ninguno de los presentes en la pequeña vivienda, así como los dos policías de Canelones que vestidos de civil custodiaban los alrededores, vio al desconocido ni escuchó los gritos de la mujer. Esto fue certificado por los involucrados ante el juez de Ciudad de la Costa, Gustavo Mirabal, quien instruyó la investigación judicial en este departamento.

En ese contexto, fuentes vinculadas al caso señalaron que la investigación policial de la jefatura de Canelones concluyó, sin que surgieran datos que confirmaran la denuncia realizada por Antúnez. «Al contrario, todo indica que es imposible que los hechos denunciados hayan sucedido», remarcaron.

Los investigadores determinaron que las dimensiones de la cabaña hacen «inverosímil» la versión brindada por la denunciante, según la cual el desconocido ingresó por una pequeña ventana sin despertar a las personas presentes, incluyendo al funcionario policial que dormía en el piso y a quien tendría que haber pisado para atravesar la habitación.

Ayer, la Policía canaria cursó al juez Mirabal el listado de llamadas recibidas y realizadas desde el teléfono celular utilizado por la denunciante en las horas previas al episodio.

Las fuentes consultadas señalaron que solamente se comprobó la existencia de un número «sospechoso» de la capital, desde el cual recibió tres llamadas. Los policías decidieron citar al titular del mismo, ya que el número cambió tras el supuesto intento de eliminación.

Paralelamente, en la pasada jornada el juez Mirabal accedió a la pericia siquiátrica practicada a Antúnez.

Este estudio había sido solicitado a modo de «ampliación» por el siquiatra que, pocos días después de la denuncia de Cuchilla Alta, analizó a la víctima. *