Tras la banda de Borbonet

A fines de agosto pasado, Borbonet  quien además integraba un grupo de dirigentes colorados «independientes» de la capital departamental– fue enviado a la cárcel de Canelones, acusado de cometer varios delitos de estafa contra la administración municipal, a través de maniobras perpetradas con el cobro de la Contribución Inmobiliaria.

Al investigar el caso, la Justicia y la Policía determinaron que el ex jerarca entraba los sábados al edificio de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC), accedía al sistema informático –cuyo ingreso está limitado al personal– y obtenía valiosas informaciones sobre antiguas deudas del mencionado tributo.

Luego se contactaba con los deudores y les ofrecía pagar menos años de lo que realmente debían. A cambio, el «gestor» les cobraba un porcentaje del dinero que se ahorraban.

Durante los primeros días de investigación, la jueza de la capital departamental que tomó cartas en el asunto, Gabriela Merialdo, también procesó a un gestor de San Jacinto y a un funcionario de la comuna, ambos vinculados a Borbonet y partícipes en las estafas descubiertas en la Dirección General de Hacienda de la comuna canaria.

En el marco del escándalo generado, más de 300 personas, entre funcionarios y contribuyentes, pasaron por las oficinas de la Dirección Departamental de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Canelones, mientras que los asesores jurídicos del municipio aportaron diversos materiales al juzgado. «Vamos a llegar hasta el hueso, caiga quien caiga», repitió en distintos lugares el intendente Tabaré Hackenbruch.

Para los policías que han trabajado en el caso, «existen responsabilidades penales y administrativas», por lo que las investigaciones aún continúan. Altas fuentes del comando policial canario revelaron que en las últimas horas varios funcionarios de tres juntas locales fueron interrogados sobre irregularidades en el cobro de contribución y desapariciones de documentos. En los próximos días, las investigaciones se desplazarán a distintas zonas del departamento.

Nombres claves

Los informantes señalaron que determinados nombres encontrados en una agenda de Borbonet apuntan hacia una «conexión» entre funcionarios de diferentes dependencias municipales, quienes colaboraban con el ex director de Obras. «Algunos sabían lo que hacían, pero otros pensaban que solamente daban una mano», apuntaron los investigadores.

Justamente, este es uno de los enigmas que la jueza Merialdo busca resolver en estos días: establecer los «vínculos internos» que le permitían al ex jerarca moverse con absoluta comodidad dentro del Palacio Municipal, incluso fuera de los horarios de atención al público, y conocer las claves secretas de las computadoras.

En ese contexto, fuentes próximas al caso indicaron a LA REPUBLICA que varios funcionarios municipales fueron citados al Juzgado de la ciudad canaria para el próximo lunes a las 15.00. Entre los requeridos por Merialdo está el ex subdirector de Hacienda del municipio, Luis Falla, recientemente sumariado junto al responsable del centro de cómputos por orden expresa del intendente Hackenbruch.

Ediles piden informes

Mientras tanto, la comisión investigadora de la Junta Departamental de Canelones que estudia las irregularidades en la dirección de Hacienda solicitó distintos informes al área financiera de la comuna, actualmente a cargo del ex subsecretario de Interior, Daniel Lamela. «Son las mismas preguntas que no respondió su antecesor, el contador Ricardo Yelpo», dijeron allegados a los curules.

Hasta el momento, la referida comisión mantuvo tres reuniones en las que no se produjeron avances. Por ese motivo, fuentes legislativas estimaron que solicitará una prórroga al plenario, ya que no podrá expedirse en los dos meses pautados el día de su creación, a la que se opuso el Foro Batllista.

A nivel administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República inició –a pedido del intendente y de la Junta Departamental– una auditoría interna en la comuna, a efectos de investigar las maniobras fraudulentas. Voceros del jefe comunal señalaron que dicho organismo todavía no ha emitido un pronunciamiento sobre las irregularidades detectadas. *