"Miguel Basil, Alberto, denuncia"

Cuando el comisario César Inzaurralde de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) presentó al doctor Eduardo Pereira (a cargo del presumario) su informe de «inteligencia» sobre los hechos sucedidos en la casa de Miguel Basil, no hizo otra cosa que plantear los mismos puntos que la prensa había manejado desde el momento posterior a los hechos. Y agregó que habría nuevos ataques.

Cuando se supo lo de la esposa del diputado Gustavo Silveira, algunos pensaron que el comisario había acertado en su pronóstico, pero a la luz del desenlace que tuvo el caso la próxima víctima aparece incierta. La presentación del escrito fue una decisión personal que le ameritó una primera sanción. Pero el oficial, uno de los elementos importantes en el desbaratamiento de las mafias del contrabando, recibió otra sanción por hacer declaraciones sin consentimiento de sus superiores, algo que todos los policías conocen y acatan.

Y dijo que el arresto a rigor al que fue sometido era la noticia más importante para los policías y delincuentes que faltaban por caer. Más allá de la amonestación, la afirmación del comisario desmereció el trabajo de varios colegas suyos que también fueron determinantes para el procesamiento de más de 40 personas en Rivera, como así también de sus colegas que lograron igual cifra, principalmente en Montevideo.

El informe de Inzaurralde, además, lejos de aportar datos creó dudas, afirmó la hipótesis del atentado y desconoció la realidad, algo que las autoridades no dijeron, pero conocen, acerca de que ninguna pista sostiene la afirmación.

Los hechos

La madrugada del miércoles 7 de noviembre transcurría con normalidad en Rivera que, como toda ciudad, y más del Interior, tiene una rutina marcada casi inalterable. Por tanto, cualquier elemento extraño suele ser advertido por quienes la viven. Sobre las 2 y 30 de la madrugada tres estampidos sonaron en la casa del juez Basil (letrado de 2º Turno), ubicada en el segundo piso del Centro de Justicia.

Información recabada por LA REPUBLICA indica que los tiros sólo fueron escuchados en esa vivienda. Ni el juez Eduardo Pereira (letrado de 1er. Turno), que vive en el mismo edificio y a pocos metros, los escuchó. Tampoco dos policías que a pocos metros del lugar realizaban tareas de custodia en distintas instituciones. Y tampoco unos muchachos que realizaban trabajos de carpintería frente al juzgado.

Después del intento de homicidio denunciado por Basil y repudiado por la sociedad toda, se suscitó un diferendo entre la esposa del magistrado, la periodista Silvia Alba, y la Policía. La fuerza pública es acusada por la mujer de tardar más de media hora en llegar a la casa. Pero la Policía de Rivera, tal como ya se ha informado, demoró en llegar a lo de Basil porque el alerta a la central telefónica dijo que la víctima había sido el doctor Pereira.

Si bien el contacto con Basil se retardó, el propio jefe de Policía estuvo en la casa de Pereira unos cinco o seis minutos después de recibir la alarma, oportunidad en la que la manzana ya estaba rodeada. Entonces existe una incógnita relacionada a qué pasó en la vivienda del magistrado hasta que llegó la Policía, cosa que sólo él y su esposa, denunciante principal contra la Policía, saben.

La carátula

Como se dijo, la manzana fue rodeada rápidamente. Pero hay algo que el juez Pereira no dispuso cuando asumió competencia en el caso: inspeccionar a fondo el propio Centro de Justicia y solicitar colaboración a los vecinos para hacer lo propio en sus casas. De acuerdo a las fuentes, recién a la mañana siguiente el magistrado actuante dispuso que los vecinos sean indagados.

Sin embargo hay algo que todavía no se ha realizado, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas, y que en toda investigación sobre un presunto hecho de apariencia delictiva debe realizarse para descartar hipótesis y orientar el trabajo investigativo, más aun cuando la víctima es un juez y existen tan pocos elementos para aclarar el episodio. En esta etapa es vital la tarea de Policía Técnica, que protege la escena del hecho en busca de elementos que hayan eventualmente dejado los causantes.

Pero los peritos no encontraron absolutamente nada. Ni en la casa ni en las azoteas, ni en las inmediaciones. Sólo uno de los tres plomos de las balas calibre 38 que impactaron en la casa de Miguel Basil fueron hallados. Y en este sentido es donde aparecería la medida probatoria que no habría sido adoptada.

Al no ser revisado a fondo el Centro de Justicia, por tanto no puede saberse cuántas armas hay o hubo en el lugar, en la hipótesis de que el autor de los disparos la haya «descartado» en ese punto. Por tanto no han sido sometidas a peritaje estas supuestas armas, como tampoco el revólver calibre 38 nuevo que el doctor Miguel Basil posee.

Convicciones y pruebas

Al no existir ningún tipo de elementos contundentes que sustenten una y otra hipótesis, un oficial con varios años en la fuerza dijo a LA REPUBLICA que lo mejor es analizar los elementos que se tienen para, en todo caso descartarlos, y entonces sí formar el cerco en torno a la hipótesis más fuerte, basada ésta no en pruebas, sino en «convicciones» surgidas de la realidad.

Que el juez Basil desbarató en coordinación con Inteligencia a las mafias del contrabando es una realidad, como así también que se supo que recibió amenazas de muerte, la última de ellas el 18 de octubre, aunque en ningún caso hizo la denuncia formal. Pero también es un hecho que el magistrado rechazó la posibilidad de tener custodia policial, previo al ataque.

El único testigo del ataque es el juez, ni siquiera su esposa puede aportar a la causa detalles, ya que se despertó con los estampidos y para entonces el autor ya había desaparecido misteriosamente, según sus propias declaraciones públicas. El juez Basil es el único que sabe cómo sucedieron los hechos y quién alcanzó a ver al atacante, que aparentemente estaba encapuchado. Esto impedirá, en el caso de ser detenido algún sospechoso, que sea reconocido.

La información

El expediente abierto por el doctor Pereira tras el ataque está caratulado como «Miguel Basil, Alberto, denuncia», tal como confiaron fuentes judiciales de Rivera a LA REPUBLICA. De allí se desprende que el hecho a investigar no está catalogado a prima facie como atentado, y por tanto no puede sostenerse que fueron las mafias del contrabando.

El expediente se vio engrosado por el informe de «inteligencia» presentado por Inzaurralde, que además cuestionó la actitud de la Policía de Rivera, desconociendo las gestiones del ministro del Interior, Guillermo Stirling, que viajó expresamente a ese departamento para entrevistarse con Basil.

Sin embargo, la información recabada por LA REPUBLICA, demuestra que la Policía local realizó un trabajo más exhaustivo que el del comisario de la DNII. Las fuentes comentaron que fueron indagadas casi 100 personas, todas ellas con un denominador común: trabajar de madrugada.

Entre ellas se encuentran los 10 taxistas, los 14 serenos, las prostitutas y empleados de prostíbulos, como así también los encargados de los carritos de chorizos –conocidos en la ciudad fronteriza como trailers- y los siete cambistas noctámbulos. Ninguna de estas personas vio, escuchó o notó algo anormal para una tranquila madrugada de Rivera.

En este contexto y en la pasada edición de LA REPUBLICA, el diputado Julio Lara pidió al Ministerio de Educación y Cultura que investigue al fiscal Miguel Costa, quien estaba a cargo de la fiscalía de Rivera en 1996 cuando él presentó una denuncia con las operativas de estas or
ganizaciones del contrabando, pero el magistrado decidió archivarla.

El legislador blanco también se refirió a los hechos que involucraron a Basil. Dijo en este sentido que al igual que lo ocurrido con las denuncias de la esposa del diputado Gustavo Silveira, «tampoco está claro el atentado al juez Basil, donde no se descubrió a los responsables y al parecer la Policía demoró en reaccionar.

Y tampoco fue aclarado el atentado contra la sede de la Dirección de Inteligencia». Y en este sentido agregó: «Hoy lo que tenemos es una cantidad muy importante de atentados sin tener ninguna prueba de nada, e insinuaciones de que los autores supuestamente integran la mafia del contrabando». *