Empresarios presos por falsificaciones

El trabajo estuvo a cargo del Departamento II de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), cuyos funcionarios se han convertido en uno de los pilares en la lucha contra el contrabando y la falsificación de marcas, como así también contra la piratería fonográfica.

En esta oportunidad, de acuerdo a las fuentes a las que accedió LA REPUBLICA, el objetivo de los uniformados fue una organización dedicada a la venta por catálogo de productos de belleza e higiene. El paciente trabajo de pesquisas permitió estimar que entre 400 y 500 personas vendían estos productos entre sus amistades, compañeros de trabajo y conocidos, o mediante el método puerta a puerta.

Pero la responsabilidad hasta el momento recayó en tres personas, una de ellas dueña de un conocido laboratorio de plaza sito sobre la calle Mercedes. Otro de los detenidos es el propietario de una importante imprenta de la Unión. Hoy declaran por primera vez ante el juez Roberto Timbal, Penal de 11º Turno.

Los cerebros del grupo venían hace al menos dos años cometiendo las maniobras, que consistían en «clonar» reconocidas marcas brasileñas que giran en estos rubros. Para tales fines los dos nombrados ponían sus empresas de trayectoria al servicio de lo ilegal.

Mientras que el empresario laboratorista fabricaba con químicos de baja calidad el producto a plagiar, el imprentero se dedicaba a fraguar las etiquetas de las marcas, entre las que se encuentran CopiVida y Neutrox.

Ambos lugares fueron allanados en la víspera por los funcionarios, que requisaron elementos de prueba sobre esta operativa. En la imprenta también se realizaban los catálogos que usaban los vendedores (la mayoría mujeres) para promocionar sus productos. Estas personas levantaban los pedidos, los cuales eran entregados unos días después. Las fuentes dijeron que la banda llevaría impresos al menos seis mil catálogos.

Los envases usados para concretar la estafa también eran falsos, ya que no se correspondían con los originales brasileños. Las empresas afectadas tienen registrada la propiedad intelectual de las marcas en Brasil, y en Uruguay trabajan a través de una representante legal, que se convirtió en denunciante.

Las primeras informaciones indican que la organización estaba extendida a lo largo y ancho del país, y no se descartan nuevas detenciones. *