Las amenazas, las sugerencias y la Policía

En 22 días Uruguay se vio sacudido por un trilogía de atentados fallidos, cuyos blancos tenían como denominador común estar investigando o apoyando la lucha desatada desde el gobierno contra las mafias del contrabando. Primero fue la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, después le tocó al juez de Rivera Alberto Miguel Basil y el lunes a la esposa del diputado quincista por Cerro Largo, Gustavo Silveira.

El trabajo policial en coordinación con la Justicia permitió que más de 40 personas (muchas de ellas policías y aduaneros) terminaran en prisión bajo el delito madre de asociación para delinquir. Las pesquisas habían comenzado en diciembre de 2000 en Artigas con la incautación de un cargamento de cigarrillos.

Cuando se produjo la balacera a Inteligencia, el domingo 21 de octubre de noche, LA REPUBLICA informó que se manejaba información sobre el reclutamiento de sicarios por parte de las organizaciones criminales para «dar un mensaje bien arriba». Empezaron por allí, siguieron por el juez y continuaron con la esposa del diputado, que integra el sector político del presidente Jorge Batlle, mentor del ataque al contrabando.

Desconfianza

Pero estos atentados han provocado también, básicamente en Rivera y Cerro Largo, un manto de sospecha sobre la Policía. En el primer departamento, por el tiempo transcurrido en llegar al domicilio del magistrado, y en el segundo, por no haber evitado, la guardia dispuesta en el domicilio del diputado, el ataque contra su esposa.

Pero informaciones recabadas por LA REPUBLICA en fuentes policiales revelan que en ambas ocasiones la Policía quiso ir más allá en la protección, pero las propias víctimas no lo habrían permitido. Cuando el 18 de octubre Basil recibió en su celular una amenaza de muerte, no realizó denuncia formal. Sin embargo, se le ofreció ponerle guardaespaldas. La aceptación recién llegó tras el intento de homicidio. Algo similar ocurrió en Cerro Largo. Cuando el sábado se colocó un policía en el frente de la casa del diputado, se le sugirió la posibilidad, incluso, de poner guardia dentro del domicilio. La respuesta habría sido negativa, pero ayer habría sido aceptada. El principal sospechoso de digitar estos «mensajes» es el aduanero prófugo Adolfo Gil Riveiro, un engranaje clave en la estructura desbaratada, quien antes de pasar a la clandestinidad, usufructuó largo tiempo un pase en comisión en la secretaría del diputado forista por recomendación de otro correligionario. *