Conmoción por orden de cerrar los bares-prostíbulos

De acuerdo a dicha resolución con que la Jefatura de Policía notificó a las whiskerías maragatas ubicadas tanto en la capital departamental como en la localidad de Libertad, y que fuera enviada el pasado 20 de setiembre a cada uno de los titulares de dichos comercios, el plazo para «regularizar» la situación de los locales vencerá en los próximos días, exactamente el 20 de noviembre. Es decir, los locales que sigan desempeñando en esa fecha los dos rubros del negocio: bar y prostíbulo, deberán cerrar al menos uno de ambos servicios.

Según los propietarios de los locales involucrados, que se reunieron con el edil Alexis Bonahón y éste a su vez, en calidad de intermediario con el jefe de Policía, la medida afecta directamente el trabajo de más de un centenar de personas y sus respectivas familias.

Como ya informara LA REPUBLICA y de acuerdo a fuentes oficiales, la decisión policial está basada en la Ley 8080, fechada el 30 de mayo de 1928 que establece la prohibición de prostíbulos coexistiendo en los mismos locales que funcionen también a modo de bar de copas.

Según uno de los propietarios de estos comercios, consultado por LA REPUBLICA, «lo lógico y lo que sucederá si la Policía no revierte su resolución, es que crecerá la prostitución clandestina y con ella la falta de controles sanitarios, por ejemplo. Pero lo peor es que en San José hay más de 100 personas relacionadas a las whiskerías, que quedarían sin trabajo ¿entonces qué, salen a robar? (…) Así la cosa está ordenada y además, para ser sinceros, da la impresión de que la ley esa tiene algún añito de más ¿no?».

Por su parte el edil Bonahón señaló a los medios de comunicación de San José que existe una sincera buena disposición para solucionar el problema, tanto de parte del propio jefe de Policía, inspector (r) Juan Suárez Silva, con quien se entrevistó personalmente, como de parte de los «comerciantes afectados», que «no quieren generar ningún tipo de conflicto».

Se espera que en los próximos días y antes de vencido el plazo fijado para el cierre de los locales, comerciantes y Policía encuentren «una solución pacífica que no afecte a los y las trabajadoras y que no permita que se siga violando la Ley», declararon a este matutino fuentes oficiales que estudian el tema. *