Acusan a diputado de calesita financiera

Dos de los presuntos afectados contaron a LA REPUBLICA en qué situación se encuentran. Uno de ellos es la señora María Inés Sequeira, radicada en la ciudad de Sarandí del Yi, y desde hace 20 años encargada de la distribución de una reconocida marca de productos para bebés, entre otros rubros.

El otro, se llama Danilo Antúnez, propietario de la empresa Serigraf en Durazno

La mujer estimó los perjuicios económicos sufridos «en el orden del millón de pesos», desde que «el mencionado diputado accedió a la banca». Sequeira dijo que desde entonces se sucedió una serie de episodios, los cuales fueron detallados en una carta que el 1º de octubre entregaron en el Directorio del Partido Nacional, con copia para cada uno de sus integrantes.

La misiva, cuya copia fue entregada a LA REPUBLICA, está dirigida al presidente del organismo, Luis Alberto Lacalle y dice: «Por la presente, me dirijo a usted a causa de la grave situación que está pasando toda mi familia. Mi nombre es María Inés Sequeira y nos hemos visto perjudicados por el señor diputado por el departamento de Durazno, Nelson Baby Bosch Soca».

La empresaria explicó que en oportunidad de la renovación de la Cámara de Representantes se comunicó con el flamante legislador a los efectos de consultarle «si estaba al tanto de los préstamos de Pymes para pequeñas empresas». Sostuvo que pensó que podía tener mayor información sobre la temática.

«El me respondió que para esos préstamos era necesario presentar garantía real y que sería una lástima que hipotecara mi ‘casita’, con lo cual me propuso cambiar tres cheques por un valor de 20 mil pesos y que yo lo entregara tres por el mismo monto, de ese modo los podría descontar y, llegada la fecha, en caso de no poder cubrirlos, se volvían a cambiar.

Al mes siguiente (setiembre de 2000) se renovó el cambio con la condición de cubrirlos al próximo vencimiento», repasa la carta.

Campaña y prestamistas

La información que ya maneja el Directorio blanco fue puesta en conocimiento, al cierre de la pasada edición, del presidente de Diputados, Gustavo Penadés, y las distintas bancadas políticas.

«El 24 de enero de 2001 siendo las 18 horas me encontraba en Montevideo con mis hijos y el señor diputado me llamó por teléfono solicitándome que pasara por su oficina en el Palacio Legislativo porque tenía urgencia de hablar conmigo. Al llegar al lugar se encontraba él y su socio», continúa la carta.

En esa oportunidad, repasa la denunciante, «me reiteró que cuando yo lo llamé la primera vez me había dado una gran mano, que le debía un favor, y que era la única persona que lo podía ayudar porque sabía que mis cheques y los de mi hijo le servían, que había hablado con un jerarca del Banco República y que para solucionar su sobregiro de 200 mil pesos le llevara cheques para evitar el cierre de sus cuentas, haciendo mención que debido al costo de la campaña política tuvo que sacarle mucha plata a su comercio».

Sequeira dijo que «era mucho» y según precisó «para que no tuviera problemas él me daba los suyos con un vencimiento de cinco días de anticipación para de esa forma cobrarlos y poder cubrir los míos».

Pero «llegado el momento, en abril de 2001, todos sus cheques eran devueltos por falta de fondos y tuve que descontarlos con prestamistas que cobraban un diez y doce por ciento para no tener problemas con mis cuentas».

La narración a las autoridades agrega más detalles similares con fechas y montos, y también similares resultados.

«El señor diputado me llamó diciendo que lo tenía que hacer, que se lo había aconsejado otro jerarca del BROU y que era la única forma de que no cerraran mi cuenta y la de mi hijo».

Situación crítica

Con las cuentas ya canceladas por la reiteración de devoluciones, Sequeira decidió consultar a un abogado que le advirtió que «por tal situación podía ser procesada». En la reunión con el profesional «estuvo presente el señor intendente de Durazno y el señor diputado Bosch, y se habló el tema de las denuncias». Aseguró que «actualmente nuestra situación es crítica, nos cerraron las cuentas el 1º de junio, perdimos las líneas telefónicas por el excesivo número de llamadas al señor diputado y su socio suplicándoles que aparecieran. No pudimos dar cumplimiento a nuestras obligaciones, tenemos actualmente cinco embargos, nos cerraron las puertas de todos los bancos».

Y en su carta también expresó que «tuve que comparecer en la comisaría porque me llegó una denuncia penal de que integraba la banda de estafadores del señor diputado Bosch». En los tramos finales la empresaria manifestó que «no es posible que el señor diputado por el cargo que ocupa no se haga responsable de nada, porque si bien son deudas personales utilizó su investidura para perjudicar a muchas personas, utilizó sus oficinas del Palacio para realizar muchos trámites».

Por último, la escribiente menciona: «Toda mi familia es blanca, mi esposo que falleció en el año 93 siempre trabajó por el partido en forma desinteresada y esta situación perjudica no sólo a mi familia sino a todo el partido, el departamento de Durazno es blanco, el señor diputado nos representa y es una vergüenza, todo el departamento sabe lo que ha hecho porque hay muchas personas perjudicadas».

Tanto Sequeira como Antúnez (este último dijo a LA REPUBLICA que fue afectado de la misma forma aunque por un monto menor), debieron prestar testimonio a la Justicia por esta situación.

Cuestión particular

Por su parte, el abogado del legislador, Héctor Di Giacomo, dijo a LA REPUBLICA que no es cierto que «la situación planteada tenga algo que ver con la investidura del diputado, pues se limita a una situación particular e incluso a una empresa a la que Bosch estuvo vinculado». Descartó que las personas «hayan sido estafadas» y afirmó que el tema presenta aspectos «levemente distintos» a lo expresado en la carta. Remarcó que todo derivó de la difícil situación de una empresa y agregó que «no hay denuncia presentada contra mi cliente». *