Quiso comprar a dos policías para que hicieran un procedimiento ilegal

Funcionaria judicial a la cárcel por soborno

La protagonista de estos hechos es una mujer de 49 años, de iniciales AMKP, quien contaba con la complicidad de un hombre de 52 años, e iniciales JRBG, quien además sería su esposo.

Si bien las autoridades de la Seccional 27ª de El Pinar (departamento de Canelones) se excusaron de brindar detalles de lo ocurrido, LA REPUBLICA pudo saber que dos policías de dicha unidad fueron los que permitieron desenmascarar a la funcionaria.

El plan de la mujer, que se desempeñaba en el Juzgado de la Costa, era apropiarse ilegalmente de una vivienda que se encontraba abandonada en la populosa zona canaria.

Pero a pesar de que ya tenía bastante avanzados los trámites truchos para adjudicarse el bien, surgieron imprevistos que le hicieron cometer más irregularidades.

Anteriormente a estos hechos descubrió la existencia de intrusos en la finca que quería para ella, por lo cual decidió usar su imagen y aprovechar el conocimiento policial que tenía gracias a su trabajo, para trazar una nueva estrategia.

Y ahí encontró su fin. AMKP pensó que sería una buena idea desalojar a los intrusos para tener nuevamente el camino libre.

Procedimiento ilegal

Pero como no había denuncia alguna, y por tanto no existían motivos legales para expulsarlos por la vía de la fuerza, optó por intentó sobornar a la Policía.

La pareja, asociada también en el delito, contactó a dos uniformados de El Pinar y, en forma totalmente irregular, les propuso realizar «un desalojo de los moradores de la finca, ofreciéndoles a los funcionarios dinero para llevar a cabo dicha misión».

Así resumieron la situación las fuentes consultadas, quienes agregaron que los policías simularon que estudiarían la propuesta.

Pero en realidad comunicaron la situación a sus superiores, más precisamente al encargado de la repartición mencionada, el subcomisario Fabio Quevedo.

El oficial de inmediato trasladó la situación a la Justicia, recayendo por obvias cuestiones de jurisdicción en el Juzgado de la Costa, donde la infiel funcionaria desarrollaba la mitad de su doble vida.

El juez Gustavo Mirabal debió detener a su compañera de trabajo y al cómplice y someterlos a intensos interrogatorios.

A su vez dispuso la realización de distintas indagaciones, que permitieron comprobar a corto plazo las responsabilidad del dúo.

A los dos les tipificó el mismo cargo: «Autor responsable de un delito de soborno». Mientras se profundizan las investigaciones, la pareja fue separada y remitida a distintas cárceles. *

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