Denuncian irregularidades en Jefatura de Canelones

En efecto, el diputado Daniel Díaz Maynard del EP-FA envió un pedido de informes al ministro del Interior, Guillermo Stirling, sobre la situación.

La solicitud del legislador frentista, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés, está concebida en los siguientes términos: «De conformidad con lo que determina el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse al Ministerio del Interior el siguiente pedido de informes:

1- Si han existido irregularidades en el servicio llamado 222 en el departamento de Canelones.

2- Si con motivo de tales irregularidades la Jefatura del departamento ha recibido denuncias al respecto.

3- Si como consecuencia de tales denuncias, la Jefatura de Canelones ha tomado alguna iniciativa, como por ejemplo la investigación administrativa correspondiente.

4- En caso afirmativo, remitir las conclusiones de la presunta investigación administrativa.

5- Si se han continuado recibiendo denuncias con respecto a estas irregularidades y en caso afirmativo, cuáles han sido estas y qué trámite se les ha proporcionado».

Las denuncias

Al tiempo que se iniciaba este trámite parlamentario a instancias del diputado Díaz Maynard, LA REPUBLICA venía recibiendo numerosas denuncias de policías de ese departamento que solicitaban el anonimato para evitar las represalias del comando.

Las informaciones hacían referencia a una cadena de irregularidades con el servicio 222 en la Seccional 17ª de Atlántida dirigida por el comisario Héctor Caraballo Fernández.

El caso se inició hace unos dos meses, cuando el director de Seguridad, comisario inspector Elbio Hernández, recibió varias denuncias del personal de la mencionada comisaría. Señalaban concretamente que el comisario Caraballo y el jefe de Zona, comisario inspector Milton Pereyra, hermano del jefe de Policía, entregaba servicios 222 a policías que estuvieran en horario de trabajo en la comisaría.

Luego, cuando pretendían cobrar dichas tareas, les decían que no correspondían porque fueron hechas en horario de servicio. De todas maneras, el titular de la comisaría y el jefe de Zona cobraban dichos servicios para su propio beneficio.

El director de Seguridad remitió el caso a su jefe inmediato, el inspector Cono Cardozo, que era en esos momentos el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Canelones (el Nº tres después del jefe y subjefe). Este oficial superior inició el sumario correspondiente y procedió a incautar libros y constancias, para lo cual designó al jefe de Zona, comisario inspector Milton Pereyra.

Según las denuncias llegadas a LA REPUBLICA, éste se lo contó a su hermano, quien ordenó que se suspendan todas las actuaciones ordenadas por Cono Cardozo.

Al mismo tiempo, ante las comprobaciones realizadas, el coordinador ejecutivo recomendó el pase a la Justicia de todos los antecedentes, ya que de las mismas surge la existencia de delitos tales como «apropiación indebida» y un descontrol administrativo por parte de Milton Pereyra, quien debía ejercer el control sobre la Seccional de Atlántida.

El jefe de Policía, inspector principal (r) José Luis Pereyra Roldán, retiró a Cardozo del caso designando al comisario inspector Wilfredo Rojas, mientras que para alejar a su hermano de la Zona 3 lo designó encargado de despacho de la subdirección de Grupos de Apoyo.

Al quitarle el caso a Cono Cardozo y entregarlo a un oficial de menor jerarquía, el coordinador quedó desairado.

Fue entonces que el jefe de Policía pidió que Cardozo fuera relevado de su alto cargo y enviado a disponibilidad al Ministerio del Interior, lo que se conoce internamente como «la bolsa».