Tras la conexión política

Miguel Angel Gil es el aduanero sobre quien pesa un pedido de captura a nivel nacional e internacional. En torno a él parece encerrarse un gran misterio. «Si cae y habla no se sabe lo que puede pasar», dijeron a LA REPUBLICA fuentes reservadas.

Las informaciones lo indican como uno de los principales coordinadores de la «mafia oriental» que estaba enquistada en la Dirección Nacional de Aduanas, en la Policía Nacional y en la sociedad civil. Y se estima que, dado el volumen de maniobra que tenía y la impunidad con la que operaba, también estaría ramificada en la clase política.

«Esto no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, como tampoco que todos los aduaneros y todos los policías lo sean», sostuvieron las fuentes y agregaron que muestra de esto es que la propia Policía es la que desbarató esta organización. Y en este mismo sentido se expresó una fuente del Ministerio del Interior, la que al ser consultada sobre el respaldo político que tiene la investigación, afirmó categóricamente que «el Presidente tiene toda la voluntad de enfrentar a estos grupos, caiga quien caiga».

Para describir de alguna manera el grado de impunidad que demostraba la mafia, cabe señalar una de las formas en las que trabajaba. Venían contenedores con cigarrillos en tránsito, y efectivamente, llegado el momento, eran cargados en camiones con destino a distintos países, pero en realidad ingresaban al mercado local.

En la investigación desarrollada por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) se comprobó que los camiones que habían partido de Rivera un día, con un destino supuesto en determinado país, al otro día estaban marcados con otro viaje a otro país. Imposible.

Quién es Gil

El aduanero más buscado de Uruguay no se dedicó durante los últimos años a cumplir su labor. En primer lugar porque estaba en comisión en el Parlamento y allí estuvo, por lo menos, desde 1998 en adelante. Y su paso al Palacio de las Leyes fue para desempeñarse en la secretaría de un diputado del Foro Batllista. El legislador aludido es el representante por Maldonado, Alejo Fernández Chaves, quien al ser consultado anoche por LA REPUBLICA confirmó este extremo. Pero explicó que lo tomó en su momento a pedido del por entonces diputado por Colonia de su mismo sector y hoy presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Ariel Lausarot. Fernández Chaves agregó que aceptó el pedido a raíz de que su colega tenía los cinco pases que se les permiten ocupados, y él todavía tenía cupo. Pero aclaró que como no lo veía nunca en el Parlamento decidió enviar a la presidencia de la Cámara la baja del pase. Fuentes aduaneras dijeron, por su parte, que al momento de producirse el pedido de captura, Gil todavía estaría en comisión. En este contexto se expidió ayer Barboza en declaraciones a COMPACTO 1410 AM LIBRE. (Ver aparte)

En el juzgado

En este contexto, fuentes ministeriales dijeron que, a priori y de acuerdo con la investigación policial, no surgirían conexiones a nivel político ni en otras jefaturas de Policía.

Sin embargo reconocieron que los implicados que han sido procesados pueden haber revelado detalles desconocidos de la organización ante el magistrado.

En esa hipótesis sería entonces el juez Miguel Basil, quien comandaría desde su juzgado en Rivera las pesquisas en este sentido.

Hay que tener en cuenta que en las audiencias que se llevan adelante se ha producido una importante cantidad de careos entre los implicados, y en ese enfrentamiento verbal pueden haber surgido más elementos.

Hasta el momento se ha establecido que la banda tenía conexiones en ámbitos que hasta hoy nunca se habían comprobado en Uruguay.

Están en la cárcel por asociación para delinquir desde un ex capitán de la Armada (afín a la línea dura durante la dictadura); más de diez aduaneros de Rivera, Artigas y Cerro Largo; el presidente de la Zona Franca de Rivera; el ex jefe de Policía de ese departamento durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle y varios jerarcas policiales en actividad de Rivera, principalmente, y Artigas. *