Testigo en peligro

La olla destapada por el funcionario policial dio curso a una megainvestigación, comandada por un fiscal provincial y amenaza con convertirse en «la maldita policía II», luego de que durante la gobernación de Eduardo Duhalde se relevaran todas las cúpulas de esa institución a raíz de diversos actos de corrupción.

En sus denuncias el ex cabo vinculó en la causa al propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ramón Orestes Verón y también al ex jefe de la Bonaerense, el comisario Eduardo Martínez, tal como lo reflejan los medios de comunicación de la vecina orilla. Por su parte, Orestes Verón trató de «canalla» y «estafador» al suboficial, diciendo que sus dichos buscan acomodar su mala situación disciplinaria dentro de la institución.

Montenegro formuló sus primeras revelaciones al programa de televisión Puntodoc/2, y posteriormente se refugió en Paraguay porque temía por su vida. Desde allí se contactó con la fiscalía de la localidad de San Martín pidiendo protección. El policía ingresó a un programa provincial de protección de testigos, a cargo de la propia institución a la que estaba denunciando.

Desde entonces se sucedió una serie de amenazas que llevaron a los investigadores a no dudar de la calidad del testigo, que resulta clave para la vinculación de jerarquías policiales en varios delitos, que van desde la recaudación negra de la Bonaerense hasta crímenes.

 

Advertencias y más

En una reciente información publicada por el diario Página/12 se reseñan estos episodios: «Primero fue el turno del periodista Rolando Graña, conductor del programa «Puntodoc/2″, (…) La esposa de Graña recibió una llamada anónima en la que le advertían: ´Decile que se deje de joder con la Bonaerense´». Desde entonces, Graña está con custodia de la Policía Federal.

El sábado anterior a las Pascuas, el fiscal Luis María Chichizola recibió un llamado en su celular: «No te metas con la Bonaerense o vas a terminar siendo boleta», escuchó el fiscal de Cámara, que comanda un equipo de fiscales que interviene en la instrucción de la causa. Seis días después fue amenazada y golpeada Graciela Montenegro, hermana del denunciante, en la localidad de Ensenada. «Es para vos y tu familia. Decile a tu hermano que no joda», le advirtieron, según el matutino porteño.

Y da cuenta de que ese mismo día un hermano del sargento Sánchez, que trabaja en la seccional de San Miguel (Buenos Aires) denunció que había recibido cinco amenazas telefónicas. «No cuentes nada de lo que sabés, porque tenés mujer e hijo», le dijeron.

«El hermano de la víctima acercó a la Fiscalía ´datos sobre lo que ya es una certeza dentro de la fuerza: que el operativo de Los Polvorines fue armado para mejorar la imagen de la Bonaerense´», dijo a Página/12 una fuente judicial.

Finalmente al padre de Montenegro le pusieron un arma en la cabeza en una calle de Isidro Casanova y «le dijeron que no avale los dichos de su hijo. Y le pidieron que le hiciera saber a Graña que haga mejor las cosas porque para él también va a haber algo», concluye el diario.

 

La masacre

El eje de las denuncias de Montenegro se remontan al 25 de agosto de 2000 con el robo a un banco de la localidad de El Talar a manos de tres jóvenes ladrones, que se apoderaron de 25 mil pesos antes de huir. El hecho, de los tantos que venían sucediendo y que habían provocado la caída de la imagen de la Bonaerense, culminó en una villa de Los Polvorines, con el llamativo despliegue de 200 policías, muchos de los cuales llegaron desde Quilmes en la otra punta del conurbano.

Los ladrones terminaron masacrados con entre 50 y 75 balazos cada uno y diez policías resultaron heridos, algunos por balas de sus propios compañeros. En ese contexto cayó abatido el suboficial Julio Sánchez, quien habría sido muerto por sus propios colegas, según lo aseverado ante los fiscales por Montenegro. Desde un primer momento salieron a la luz contradicciones sobre cómo dieron los policías con el escondite de los ladrones y los registros del Comando Radioeléctrico, desde donde se transmitió la información.

La causa quedó semiparalizada hasta que el cabo decidió «abrir la boca». Montenegro sostuvo en la causa, según se consigna desde la vecina orilla, que el robo y el operativo posterior fue todo «orquestado» por la cúpula policial para levantar la imagen.

 

Pedido de ayuda

Pero las revelaciones del ex policía no terminaron allí y agregó a su lista de denuncias contra la policía, la muerte del periodista Mario Bonino en 1993. Allí el hombre responsabilizó a los asesinos como «gente del comisario mayor (Mario) Rodríguez», e identificó a los ejecutores como el «Lagarto Vargas y al suboficial mayor Carmona». A raíz de las agresiones, temiendo por su vida, Montenegro inició un peregrinar constante por distintos países de la región, junto a su esposa y sus pequeños hijos. De acuerdo a diferentes versiones recogidas por LA REPUBLICA en ámbitos policiales y diplomáticos, en la pasada jornada el «arrepentido» estuvo en la Embajada Argentina en Uruguay para entrevistarse con el embajador Juan Manuel Casella.

El pedido que habría planteado es la protección de su vida y su familia, ya que como lo ha mantenido en la vecina orilla, no está dispuesto a ingresar nuevamente al programa de protección de testigos. La información aportada por diversas fuentes indica que Montenegro solicitó que se le otorgue una suerte de estatus de refugiado en otro país.

Las denuncias del ex cabo reactivaron los expedientes judiciales y los dotó de elementos que de otra manera la justicia no hubiera podido obtener. A raíz de esta situación es que Montenegro teme por su vida, porque eliminándolo se perdería buena parte de las acusaciones. Las fuentes no supieron precisar el paradero actual del individuo y cuál fue la respuesta del embajador argentino en Uruguay.