Círculo Policial advierte sobre desobediencia al "orden social"

Al filo de la pasada medianoche y luego de más de tres horas de reunión, la Comisión Directiva del Círculo Policial del Uruguay (CPU) resolvió instalar, junto a la Asociación Nacional de Policías en Retiro del Uruguay (Anpru), una mesa de trabajo para impulsar nuevas normas legales que amparen el trabajo de los funcionarios policiales.

La decisión del organismo que nuclea a oficiales en actividad y retiro está motivada en los recientes hechos que culminaron con el procesamiento de policías en cumplimiento de su trabajo, y las actitudes tomadas por otros ante esa resolución judicial. Sobre esto último se mencionó el caso del agente que se dejó pegar por una patota por miedo a sacar el arma y terminar tras las rejas. El presidente del CPU, Darío Domínguez, dijo a LA REPUBLICA: «El policía se rige por la legítima defensa en su función de defender a la sociedad y salvaguardando la seguridad pública. Pero a veces en la Justicia, sacando el hecho que motivó la intervención, se juzga a dos personas y se toma como un agravante la calidad del funcionario».

El CPU emitió al término del encuentro un comunicado de cuatro puntos, que también critica la falta de una política de seguridad por parte del gobierno. «Sin entrar al cuestionamiento de la actuación de la Justicia, expresa su preocupación ante la falta de una normativa legal específica que permita a los policías que diariamente deben enfrentar situaciones críticas en defensa de la población, conocer el mecanismo para prevenir o reprimir actos presuntamente delictivos, sin correr riesgos de ser sometidos a procedimientos que aparejen la pérdida de su libertad y de su trabajo», reza el primer ítem.

En este sentido agrega: «Ante el aumento de la violencia que se nota en los delitos que se cometen, se hacen necesarias medidas legales y administrativas que tutelen en forma adecuada el accionar diario de los policías». En el punto tres el CPU sostiene que «la inexistencia de una política de Seguridad Pública por parte del sistema político, que esclarezca qué nivel de calidad pretende para la sociedad en tal aspecto, hace difícil que la Fueza Pública, elemento instrumental para la aplicación de dicha política si se tuviera, ejerza su práctica con lineamientos claros y precisos».

Finalmente se advierte que el CPU «se ve en la obligación de alertar a las autoridades del Estado y a la sociedad en general sobre el riesgo cierto al que aquí en más van a estar sometidos los policías en el cumplimiento de su misión, por el desconocimiento del principio de autoridad que se viene gestando por parte de aquel sector de la población que se mantiene al margen de la ley. Y que ve en la inseguridad del policía un factor de debilidad propicio para sus acciones delictivas, generándose una escalada de inconductas que pueden terminar –indepedientemente de la integridad física o de la vida del policía– en un proceso de desobediencia abierta al orden social».