50 mil casos anuales

Las cifras más optimistas sostienen que en Uruguay se realizan unos 50 mil abortos al año, mientras que las menos optimistas elevan la cifra a 150 mil. El hecho de ser algo clandestino hace imposible cuantificar científicamente su dimensión.

El Parlamento lleva largos años debatiendo sobre el tema, pero al momento no se ha promulgado ninguna ley tendiente a despenalizar el aborto voluntario, con consentimiento de la mujer. Existe un proyecto de ley presentado el 15 de setiembre de 1998 por la bancada del Encuentro Progresista, elaborado en base a un anterior proyecto de 1993 que recogió en su momento el apoyo de todos los partidos.

Esta iniciativa propone regular las prácticas, poniendo límites y estableciendo penas en caso de que las interrupciones se concreten fuera de lo estipulado por la normativa. Los diputados encuentristas sostienen en la exposición de motivos que «la simple despenalización implicaría que el legislador elimina la censura moral que el actual código hace recaer sobre las mujeres que recurren al aborto, pero se desentiende de las condiciones en el que el mismo se realiza y también del conflicto de bienes que toda normativa debe laudar». Es por ello, agregan, que ateniéndose a criterios estrictamente médicos se ponen plazos para solicitar el cese de la gravidez en las doce semanas, con excepciones que la práctica médica recomienda, que serían las 20 semanas.

Y finalmente una tercera excepción de 24 semanas, cuando los análisis clínicos detecten un feto con malformaciones genéticas o procesos patológicos. Después de este lapso, sólo si la gestante corre riesgo de vida. Antes de cualquier maniobra comprendida en las primeras tres oportunidades, el médico debe instruir a la paciente sobre las posibilidades de adopción o apoyo económico existente. El proyecto también estipula las penas de prisión que le cabrían a la madre o al médico si se violara lo establecido.