Proponen examen de sangre a los presos antes de entrar a la cárcel

Danilo Albín – Canelones

 

En una entrevista concedida a LA REPUBLICA, Bellomo calificó la situación en las cárceles uruguayas como «penosa y alarmante» y reclamó que abandonen la órbita del Ministerio del Interior y queden bajo el control del Ministerio de Educación y Cultura. Opinó además que el aumento en la población carcelaria obedece a la falta de trabajo y aseguró que hay muchos presos primarios que son recuperables para la sociedad.

El pasado miércoles, en la media hora previa de la sesión de la Cámara de Diputados, el legislador frenteamplista había anunciado que próximamente presentará el proyecto, dado que –destacó–, las carencias en la atención sanitaria, y en la disponibilidad de medicamentos, así como la imposibilidad por la vía de los hechos de realizar tratamientos o seguimientos adecuados, es algo reiterado y común en las cárceles de nuestro país.

Por si esto fuera poco, el hacinamiento, la droga y la promiscuidad reinantes en ellas posibilitan que ciudadanos que han ingresado sanos, adquieran enfermedades –algunas de ellas gravísimas– durante su período de reclusión, dijo el legislador. En el diálogo mantenido con LA REPUBLICA, Bellomo agregó detalles sobre tal iniciativa y dio su visión sobre la situación en los centros de reclusión uruguayos.

–¿Cuál es su visión, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, de la situación de las cárceles en Uruguay?

–Penosa, preocupante, alarmante. No se cumple el cometido de rehabilitación que le asigna la Constitución. Justamente, creo que tanto las autoridades del gobierno como el Parlamento coincidimos en la necesidad de crear el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sobre ese asunto hay un proyecto del diputado Daniel Díaz Maynard presentado en la Comisión de Derechos Humanos, mientras que el ministro del Interior, Guillermo Stirling, ha dicho que está trabajando en uno bastante similar.

A mi juicio, habría que pasar las cárceles a la órbita de un organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura y no del Ministerio del Interior. Esto no es un capricho, sino que responde a que los funcionarios de Interior han sido preparados para la prevención o represión del delito, pero no están capacitados para un proceso de reinserción en la sociedad, y mucho menos para la convivencia.

Muchos de los guardiacárceles están cumpliendo media pena, pues hay policías del Interior del país que concentran las horas de trabajo en dos días y pasan ese tiempo dentro de la penitenciaría, junto a los reclusos. A través de la comisión parlamentaria también pretendemos que haya una oficina jurídica. Permanentemente nos llegan reclamos de reclusos que denuncian no tener abogado defensor, lo que no es así. Si bien tienen un defensor de oficio, pasan un buen tiempo de sus penas sin verlo.

Si hubiera una oficina jurídica dentro de los penales, los presos tendrían el derecho a estar informados sobre sus respectivas situaciones. Hay que recordar que el recluso pierde solamente el derecho a la libertad ambulatoria, pero conserva el resto de los derechos humanos.

–¿Qué medidas sanitarias deberían adoptarse dentro de los centros?

–Considero que mientras se dilucida si las cárceles deben estar bajo la órbita del Ministerio del Interior o de otra secretaría de Estado, la atención sanitaria de los presos no puede esperar. Por ese motivo, estamos confeccionando un proyecto de ley que establezca la necesidad de realizar exámenes de enfermedades infecto-contagiosas en forma previa al ingreso de los nuevos reclusos a los establecimientos, y que posteriormente se efectúe un seguimiento adecuado.

En este sentido, hemos trabajado con un equipo interdisciplinario de médicos y abogados para saber si podemos darle un carácter obligatorio a los exámenes, porque no queremos que nos tilden de inconstitucionales y eso haga naufragar el proyecto.

En síntesis, buscamos que sin ser inconstitucional y sin que resulte demasiada carga para el Estado, sea atendida la salud de los presos. Porque hoy, enviar una persona a la prisión, equivale a decretar su condena de muerte. Parafraseando a Gabriel García Márquez, podríamos compararla a una «crónica de una muerte anunciada». Entonces, actualmente las cárceles son centros de posgrado de delito o del martirio para aquellos que no reincidirán y les cuesta la vida.

A aquel que va preso y dentro de la cárcel es violado y maltratado, lo han matado en vida. Además, el maltrato también llega a sus familiares, a quienes no se atiende correctamente, se les niega información y no se les facilitan los trámites.

El propio ministro del Interior nos daba la razón y decía que hasta el teléfono del centro de reclusión debe ser atendido correctamente.

–A su criterio, ¿quién es el responsable de esta situación?

–El responsable inmediato es la Dirección Nacional de Cárceles, y por encima está el Ministerio del Interior. De todas maneras, no quiero cargarle culpas a quienes de repente no pueden controlar todo esto como quisieran. Pero estos son datos de la realidad, todos sabemos que esto ocurre en las cárceles. Por eso mismo, empecemos por los distintos eslabones de la cadena.

–Ante esa situación, ¿qué medidas concretas y urgentes pueden adoptarse a nivel gubernamental o legislativo?

–En primer lugar, lo que hace falta es más trabajo, porque prácticamente la mitad de la población carcelaria son jóvenes que tienen entre 18 y 29 años de edad. Si analizamos los delitos cometidos, el 50 por ciento está por rapiña.

Y si además le agregamos que hay más de cien ciudadanos mayores de 50 años que están procesados por rapiña en carácter de primarios, quiere decir que no todos son irrecuperables o delincuentes a ultranza, sino que están porque no han podido satisfacer sus necesidades económicas y, unos ante la desesperación, y otros por el facilismo de juntar dinero, han cometido un error. Si hubiera otras condiciones económicas y no faltara trabajo, tendríamos menos gente en las cárceles.

Por otro lado, el Ministerio del Interior manejaba la posibilidad de construir una cárcel de alta seguridad para aquellos delincuentes peligrosos para la sociedad y que actualmente conviven con otros. A mí me parece elemental que, aun con las dificultades subyacentes, no debemos discriminar, pero sí separar la paja del trigo.

Tenemos que separar a reincidentes de primarios y también hay que hacerlo desde el punto de vista sanitario, a los efectos de que no sólo sean tratados quienes están enfermos, sino que además no resulten contagiados los demás presos. Creo que caminamos a un agravamiento de la situación, y hay que dar pasos para una más humana convivencia dentro de las cárceles. Estoy convencido de que si a los reclusos les respetamos sus derechos saldrán mejor. Cuando la sociedad los maltrata, estas personas salen con mayor grado de rencor y se convierten en potenciales autores de delitos graves.

Y no queremos que eso ocurra.