¿Quién robó las armas de la Seccional 19ª?

Según los expedientes sumariales a los que tuvo acceso LA REPUBLICA, insólitamente el resultado final, es decir el cese del funcionario, no tuvo nada que ver con el hurto de dichas armas de una dependencia policial, sino que fue por presuntas irregularidades en el cumplimiento de un servicio por el artículo 222.

El 19 de noviembre de 1999 LA REPUBLICA se había ocupado del tema, informando que «mientras se festejaban los 170 años de la creación de la Policía Nacional, el mencionado agente Codina –por aquel entonces en actividad– se ponía en contacto con nuestra redacción para informar sobre lo que estaba sucediendo con «su caso», consistente en el trato discriminatorio, persecución y hasta procesamiento injusto», tras ser acosado por el jefe de la 3ª Zona de Inspección, por aquel entonces a cargo del comisario inspector Carlos Peraza.

Ahora, en enero pasado, se produjo la culminación de todo ese proceso con la baja del funcionario policial, quien anteriormente había permanecido durante 14 años en el instituto policial cumpliendo con una foja de servicios impecable.

El tema no es menor, ya que el origen del caso había nacido con el hurto de unas 22 o 23 armas depositadas en la Seccional 19ª, tras ser incautadas en diversos procedimientos. El hurto del arsenal se produjo justamente durante la acción de la «célebre» superbanda que consumó en esos años más de una docena de atracos importantes, obteniendo un botín global de unos seis millones de dólares.

El dinero robado nunca apareció y los jefes de la banda, con ese botín, pudieron permanecer impunes y en el anonimato, tal vez descansando en el Caribe, mientras algunos delincuentes usados como «mano de obra» terminaron en prisión.

Recordamos que aquella poderosa banda estaba dirigida por jerarcas policiales, cuyos nombres, apodos o iniciales, fueron publicados en una extensa nota por la revista Posdata.

El agente Codina

El agente Codina fue inculpado –sin saberlo– como un eslabón en el suministro de armas para la superbanda. En el expediente judicial, además de Peraza, se mencionan a los comisarios titulares de las Seccionales 8ª, 24ª y 19ª, actuando todos bajo las órdenes de Peraza, que era su jefe inmediato, como encargado de la Inspección de una de las tres zonas en que se divide la Dirección de Seguridad. Por tanto, los tres comisarios, no podían ignorar sus órdenes.

Codina fue sumariado en 1999 por la desaparición de dos armas incautadas por la Seccional 19ª en marzo de ese año. Existió una investigación similar sobre la desaparición de una escopeta marca «Rossi» calibre 20 y un revólver marca «Bagual» calibre 22. Sobre las restantes, no se abrió investigación.

Cabe señalar que el agente Codina se desempeñaba en Jurídica de la Seccional 19ª, cuando el titular de la misma era el comisario Enrique Loureiro. Sus tareas consistían en la confección de oficios judiciales, diligencias, memorándum y otros documentos que eran suscriptos por los subcomisarios de cada turno.

Según declaró Codina, las armas incautadas quedaban siempre bajo llave en poder de los subcomisarios y el mencionado funcionario sólo las tenía a la vista al redactar los oficios correspondientes. Una vez terminada esa tarea, las armas eran reintegradas a los subcomisarios.

Traslado sorpresivo

Por aquella época, estando Codina de licencia, el inspector Peraza pidió a un funcionario con experiencia en jurídica para desempeñarse en la 3ª Zona, siendo designado para ese fin el agente Codina, quien se enteró al retorno de sus vacaciones. Ese traslado estaba confirmando la confianza que se le tenía a Codina y el reconocimiento de su capacidad.

Con respecto a la escopeta «Rossi», la misma nunca salió de la comisaría –dice Codina– ya que estaba en el armario del primer piso, puesto que el baúl de Jurídica estaba roto cuando se produjo su incautación. Esa arma, entonces, estaba en poder del subcomisario.

Cuando Codina ya estaba en la Inspección de 3ª Zona, se constató que la escopeta no había sido remitida al COA. Se le consultó por teléfono y Codina dijo dónde estaba la escopeta, procediendo a entregarla al correísta en el lugar que le ordenó su superior, el cabo Montado.

Suspenden a Codina

El sumario por el caso de las armas no tuvo otra consecuencia para Codina que su suspensión, quedando separado del cargo y a medio sueldo mientras se sustanciaba el sumario. Por ese motivo, y para que no se vea afectado su presupuesto familiar, ya que el agente tiene esposa y tres hijos, éste continuó realizando un servicio 222 en el local de INDA del Cerro, cobrando dicha tarea por intermedio de otros policías amigos que firmaban la planilla por él.

Esa es la irregularidad que terminó con el procesamiento sin prisión de Codina y su posterior baja del instituto. Sin embargo, se trata de una práctica habitual y corriente entre los policías, para que el agente sumariado no pierda el servicio 222 viéndose gravemente afectado en sus ingresos. Un agente gana de promedio 3.000 pesos como policía y unos 5.000 pesos por el 222.

Cuando un policía es sumariado queda separado del cargo y se le retiene medio sueldo, lo que resulta una práctica «inhumana» que termina castigando también a la familia del policía sancionado.

Arresto y juicio

El 9 de diciembre de 1999, el comisario Varela de la Seccional 24ª elevó al juez letrado de 7º Turno, Pedro Hackenbruch, un oficio sobre irregularidades en el servicio 222 de INDA, sito en Grecia 3387, donde –dice– se sorprende al agente Alfredo Codina realizando dicho servicio, pese a que estaba sumariado, incurriendo presuntamente en el delito de «usurpación de funciones».

El propio Codina dice que no puede tipificarse ese delito ya que él solamente estaba separado del cargo y sumariado, pero seguía siendo policía y, por tanto, no estaba usurpando el cargo.

El comisario Varela interrogó a Codina, quien expresó que cumplía el servicio en el horario de 22 a 6 horas, planillando las horas a nombre del agente Paccio Mariño, compañero de la Seccional 23ª, quien le había cedido su presupuesto para que no perdiera el servicio. En ese momento, el agente Codina quedó detenido en la Seccional 24ª donde aguardó dos días antes de ser pasado a juez.

Allanan su casa

Con motivo de la investigación por la falta de las armas, el jefe de la 3ª Zona solicitó la orden de allanamiento para inspeccionar la casa de Codina, instancia que no tuvo resultados positivos.

Paralelamente el doctor Hackenbruch dispuso el procesamiento sin prisión de Codina por «un delito de usurpación de funciones» por realizar un servicio 222 estando sumariado. Se apeló el fallo basando el recurso en que no se trata de un delito de usurpación, dado que Codina, pese a estar sumariado, seguía siendo funcionario policial.

Codina admitió que hacía el servicio 222 indicando que eso es una práctica corriente, usando el presupuesto de otros agentes. A partir de ese momento, la persecución fue total.

En diciembre de 1999, por orden de Peraza, el comisario de la Seccional 19ª notificó al gerente del supermercado «Jumbo» que «los únicos servicios autorizados son los contratados en el Departamento de Servicios de la Dirección de Seguridad (3er. piso) por el régimen del artículo 222 de la Ley 13.318-64. «Cualquier otro tipo de servicio que desee contratar deberá regirse por lo que establecen las leyes, decretos y reglamentaciones laborales vigentes».

Se trataba de una nueva presión de Peraza para quitarle a Codina la última posibilidad de alimentar a sus hijos. En «Jumbo» Codina era vigilante privado por el artículo 223 (inexistente) denomin
ado así cuando el trabajo se contrata fuera del control de la Jefatura. En ese caso, el dueño del supermercado contestó la notificación diciendo que Codina estaba contratado por su cuenta y estaba incluido en la planilla de su personal.

Todas las actuaciones realizadas por las seccionales 8ª, 19ª y 24ª contra Codina fueron por órdenes impartidas por el jefe de la 3ª. Según expresa el hoy ex agente, fue usado como «chivo expiatorio» para ocultar con un largo expediente el hurto de las armas de la Seccional 19ª. A partir de ese momento, todo el expediente giró en torno al servicio realizado por Codina por el artículo 222 estando sumariado. De las armas faltantes, nunca más se dijo nada y, hasta ahora, nadie sabe dónde fueron a parar

Una vez cumplido el expediente, en noviembre del año pasado, el juez Pedro Hackenbruch ordenó la clausura provisoria de los procedimientos contra Codina. Previamente, en setiembre de ese año, el jefe de Policía de Montevideo resolvió la clausura del sumario administrativo contra el funcionario.

Pese a todo, en enero de 2001, el presidente Batlle rubricó con su firma el decreto declarando cesante a Codina coincidiendo con las recomendaciones del Ministerio del Interior formuladas el 15 de junio de 2000.

El hombre, que se considera injustamente perseguido y perjudicado en su honor como correcto policía, inicia ahora una demanda contra el Estado por daños morales y económicos.

Pero queda flotando otra pregunta: ¿Cómo pueden desaparecer 22 o 23 armas de una comisaría sin que nadie se entere?