Investigan corrupción en la Policía de Colonia

Gabriel Monteagudo – Colonia

 

La denuncia, que fue realizada por oficiales de Policía en la sede del Ministerio del Interior, provocó amenazas a los denunciantes de parte de jerarcas de la Policía, y disparos sobre la casa de un agente que generó una investigación interna.

LA REPUBLICA logró reconstruir los detalles, luego que un sobre con documentos de la interna policial fuera entregado a este corresponsal. Coincidentemente con ello, varios de los jerarcas de la jefatura coloniense de esa época, junto a oficiales de alto rango, tuvieron que declarar en estos días en la sede del Juzgado de Carmelo a donde se derivó el expediente iniciado en el Ministerio del Interior.

A pesar de que desde la asunción del nuevo jefe de Policía Ricardo Bernal «las aguas se aquietaron» y su gestión mejoró la imagen de los uniformados, los fantasmas del pasado sobrevuelan la institución, señalada muchas veces a nivel popular como fácilmente permeable a la corrupción y a la coima. El conflicto muestra claramente dos líneas internas que pujan por prevalecer: la de los policías que cuestionan a sus pares buscando una profesionalización necesaria y señalan a viejos policías de la elite departamental como vinculados a hechos de corrupción y aquellos que se inclinan por barrer todo bajo la alfombra, protegiendo con estas actitudes a malos policías, que todavía revisten en sus filas.

 

La época de Pintos Funes

Su figura pequeña pasaba casi inadvertida entre decenas de abogados y funcionarios judiciales que hace unos días se apretujaban en la sede de la Justicia de Carmelo.

Acompañado por un oficial que hacía las veces de custodio, el ex hombre fuerte de la Policía de Colonia, inspector (r) Hugo Pintos Funes, esperaba a las 5 de la tarde del viernes la llegada del actuario para declarar ante el juez Carlos Colmeneros que lo había citado a las 3 y media de la tarde. Tenía muchas ganas de contarle al juez cosas que, cuando estuvo al mando de la Jefatura de Colonia y se hizo la denuncia de lo que ocurría en el departamento, el propio ministro Guillermo Stirling le impidió declarar. «El ministro en aquella oportunidad no hizo declaraciones a la prensa y no me permitió declarar en Montevideo. Yo le pedí que cuando se cumplieran los plazos de la investigación se hiciera público el tema. Los plazos administrativos están todos vencidos, nunca se dijo nada, quedó todo en una nebulosa y se me negó declarar ante la fiscalía. Afortunadamente hoy el señor juez me ha citado y podré decir cosas que no pude hacer con anterioridad» afirmó Pintos Funes.

 

Piezas del rompecabezas

Cuando Pintos Funes estaba al mando de la Jefatura coloniense, un oficial oriundo de Carmelo junto a otros oficiales que vivían situaciones parecidas denunció en el Ministerio del Interior una serie de irregularidades y presunta corrupción entre los cuadros policiales de Colonia. Este oficial, cuyo nombre preferimos preservar por encontrarse la investigación en pleno curso, se presentó ante el entonces director nacional de Policía de Montevideo, Roberto Rivero, y pidió hacer una declaración ante un oficial del propio ministerio ya que sus pares de Colonia no le ofrecían las garantías necesarias. Tras ser derivado a la Fiscalía Nacional de Policía, el denunciante contó cómo funcionaba una red de contrabando en las zonas de Carmelo y Nueva Palmira que movía millonarias sumas de dinero. Según este oficial, los principales responsables de entonces permitían, a través de órdenes a los encargados de comisaría de estas ciudades, que por esta zona se movilizaran sin problemas importantes cantidades de mercadería de contrabando. «Se ordenaban cortes de ruta y se ubicaban los móviles policiales de tal manera que siempre quedaba una ruta libre para que por allí saliera el contrabando que se traía desde Argentina y que seguía rumbo a Brasil o, al revés», afirmó una fuente de absoluta confianza a este corresponsal. Y dio más detalles, «cuando se hacía un cierre de ruta en toda la zona, se dejaba un corredor por Ruta 12 por donde –los contrabandistas– podían pasar sin ser molestados». Todas las fuentes coinciden en señalar a un conocido «fletero» de la zona que se encargaba de movilizar la mercadería a la vecina orilla o viceversa, vinculado estrechamente a un militar que fuera procesado hace poco tiempo por el tráfico ilegal de cigarrillos.

Si bien en el expediente se menciona a responsables de las comisaría de Carmelo y Nueva Palmira, en ese entonces la organización operativa «estaba dirigida desde Colonia» por jerarcas que tendrían «estrecho vínculo con los contrabandistas». Vale aclarar que por ese entonces, en Carmelo, aún no estaba al frente de la seccional el actual comisario, el cual desde su incorporación cortó en forma definitiva las afinidades existentes.

En ese entonces, el intercambio de favores entre estos uniformados y el contrabandista habría generado un flujo recíproco de proventos económicos que calculan, «de muchísimo dinero».

Las mismas fuentes que logramos contactar y nos pusieron al tanto del caso que se sustancia en el juzgado de Carmelo nos indicaron que Pintos Funes «no estaba en conocimiento» de lo que sucedía. Tal vez por esto, el jerarca negó conocer ante nuestra consulta hacia dónde se dirigiría la indagatoria del juez, aunque afirmó que no hace mucho «logré ver el expediente en el Ministerio del Interior» aclaró.

Si bien todo se mantiene en el más absoluto secreto, en la denuncia presentada en el Ministerio del Interior figuran detalles sobre hechos que indicarían que, por orden de cuadros jerárquicos en ese momento en la Jefatura de Colonia se hizo «la vista gorda» al contrabando y se incluía «protección» a personajes de dudosa actividad.

Por ejemplo, nos fue narrada la detención de un camión de reparto al que se le incautó mercadería ilegal y en donde se le encontró al conductor una pistola 9 milímetros con silenciador y que no fue informado en el parte de detención. «Nadie dijo qué hacía un inocente repartidor de alimentos con un arma con silenciador que «no fue declarado» en la requisa realizada.

También la denuncia mencionaría una amenaza a otro oficial que vive en la zona a raíz de haber participado en un procedimiento que no debería haber hecho y por el cual balearon su casa en horas de la noche para asustarlo. Sin explicaciones, ese oficial fue luego rápidamente trasladado del lugar en el que trabajaba. El hecho, que permaneció en secreto pero fue conocido por los vecinos del agente, ocurrió en la madrugada del pasado 24 de enero de este año, y aunque el agente lo habría relacionado con un hecho de sangre ocurrido años atrás, fuentes consultadas aseguran que los dos balazos disparados por desconocidos, y que impactaron en la pared de la vivienda, tienen relación con la denuncia de corrupción presentada ante el Ministerio del Interior.

La investigación que lleva adelante la Justicia podrá determinar si efectivamente hubo «zonas liberadas» para la libre circulación de contrabando en el departamento en una época en la que, como lo demostraron anteriores investigaciones en temas como el del tráfico de cigarrillos, el contrabando a gran escala era moneda corriente. El procesamiento no hace muchos meses del militar retirado Danilo Varela, involucrado en el tráfico de cigarrillos en la zona, dio la razón y son la base sólida que hoy podría descubrir una madeja de complicidades a nivel policial, surgidas a partir de la denuncia que hizo un oficial oriundo de Carmelo en el propio Ministerio del Interior y que hoy se investiga en el juzgado local. «De no ser así la lucha por el contrabando que se plantea a nivel nacional es só
lo para atrapar perejiles, porque en esto la Policía también tuvo participación» nos aseguraron.

 

Comisario en la mira

En la mira de las denuncias se encuentra un importante comisario de una localidad coloniense, el cual a raíz de la investigación que en estos días se viene sustanciando en el Juzgado de Carmelo, habría amenazado de muerte a los oficiales que hicieron la denuncia. En efecto, de acuerdo al documento en poder de este corresponsal, uno de los agentes denunció que teme por su vida, su familia y sus compañeros, luego de las amenazas verbales proferidas por el hoy comisario en julio del año pasado. Este habría dicho que «estos alcahuetes de Rivero le iban a tener que chupar… a él, porque ahora le habían pegado una patada en el culo a Rivero». Según la declaración del oficial realizada en la Jefatura de Policía de Colonia el 31 de julio del año pasado, el comisario denunciado habría dicho al oficial denunciante «que si trataban de perjudicar mis treinta y cinco años de servicio no escatimaría recursos para vengarme de quienes me denunciaron», amenazándolos incluso de muerte, según afirma el denunciante en el acta. Textualmente dijo: «no escatimaría en raptar y matar a estas personas». El hecho habría ocurrido apenas un mes después de que Stirling cortara abruptamente la brillante carrera del inspector Roberto Rivero, a quien los oficiales de Colonia fueron a informarle lo que ocurría en el departamento.

La amenaza verbal se habría producido en julio del año pasado cuando este policía fue trasladado ocasionalmente por el comisario hasta la cárcel departamental en donde el agente iba a cumplir tareas. Allí, ante otros testigos, el jerarca habría proferido una serie de insultos a los oficiales denunciantes y luego de ello, los habría amenazado.