Investigan ramificaciones en caso de  contrabando de contenedores de ropa

En la tarde de ayer, cerca de las 17.00 horas, el director de la Dirección Nacional de Aduanas, Ricardo Prato, brindó una conferencia de prensa en la sede central del organismo ubicada en el puerto de Montevideo.

Durante la ocasión, el jerarca brindó los detalles del operativo que consumió varios meses de trabajo coordinado entre algunas dependencias estatales, la Justicia y la Policía, que terminó con el procesamiento con prisión de nueve personas involucradas en el caso de contrabando de ropa, mucha de ella con grifas apócrifas, a través de contenedores que provenían desde China.

Prato comenzó recordando el último procesamiento, el que ocurrió el pasado miércoles. En la oportunidad, fue a la cárcel un empresario vinculado con el comercio de vestimenta, quien tenía sus negocios en el departamento de Maldonado.

El hombre, de iniciales WG, fue a prisión por la comisión de los delitos de «asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de contrabando», según adelantaran a LA REPUBLICA fuentes judiciales.

El caso se sumó a los ocho ya procesados, entre los que están otros dos empresarios ligados a la comercialización de ropa, tanto de hombre, mujer, niños, deportiva y formal; dos empleados de estudios de despachantes de Aduana; y de cuatro funcionarios aduaneros.

Estos cometieron diferentes irregularidades: uno de ellos era quien debía revisar qué había en el interior del contenedor y no lo hizo, mientras que los otros tres aportaron información confidencial perteneciente a Aduanas, lo que facilitó la rápida y eficaz ejecución de la maniobra delictiva.

Durante la etapa de sumario, cerca de una veintena de personas involucradas declararon ante el juez especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, doctor Jorge Díaz.

Si bien en una primera instancia la investigación fue considerada «cerrada», tanto por la Justicia como por la Aduana, Prato dijo que «se siguen por otros carriles, ya que se busca por parte de los funcionarios de la DGI, BPS y otras dependencias las posibles derivaciones y ramificaciones de la maniobra ilícita».

El jerarca agregó que «seguimos la pista de dos o tres empresarios más que estarían involucrados en el caso».

En todos los procedimientos llevados a cabo durante la investigación, que comenzó hace algunos meses, y en la cual se estableció que estas maniobras habrían comenzado en marzo de 2009, se han incautado cerca de 200 mil prendas de origen chino, las que en su mayoría tenían grifas de reconocidas marcas. Recordemos que, como informara en exclusiva LA REPUBLICA, la maniobra consistía en ingresar contenedores al país, declarándose que entraban unas 15 toneladas en mercaderías (las que según las facturas eran de metal) por valor cercano a los U$S 20.000, cuando en realidad todo el cargamento era vestimenta, que en cada uno de los contenedores ingresados rondaba en un costo de U$S 300.000. Estos eran depositados en lugares de mucho tránsito de mercadería, lo que no hacía sospechar a los funcionarios. Además, los que se estima 10 contenedores ingresados en forma irregular provenían de la Zona Franca de Iquique (Chile) o Panamá, lugares desde donde normalmente no se realizan esta clase de maniobras.

Pero lo que llevó a las autoridades a desconfiar de algo fue que la mercadería era ingresada como primera importación de una empresa nueva y el bajo valor del costo de lo declarado.

También porque aunque se constataban irregularidades en algunos de los trámites, lo cual en muchos casos no es señal de ilícito, los empresarios no «hacían problema» en pagar elevadas multas, ya que lo abonado en impuestos por lo declarado era ínfimo y por más que se le sumara el valor de la multa no afectaba mayormente el precio final del costo de la misma y su relación con el precio de la venta que era superior a un 500%.