Proponen mejorar el estado de las cárceles

San José

 

Se piensa llevar adelante algunas acciones para revertir la grave problemática que afecta a la generalidad de las cárceles uruguayas y que apuntarán, principalmente, a «la atención de la salud, el trabajo y el seguimiento de cada recluso». «Esto será gratis», aseguró, al explicar el costo y forma de financiación que exigiría un plan metódico y de alcance nacional de estas características.

Por otra parte, manifestó estar «absolutamente de acuerdo, de punta a punta», con las declaraciones vertidas a la prensa días atrás por el magistrado Gervasio Guillot. «Es completamente cierto que muchos reclusos salen peor de lo que entran y esto es responsabilidad parlamentaria.

Tiene que ver por ejemplo con lo votado en la Primera Ley de Urgencia, donde se aprobó que el delito de rapiña reciba un castigo como no tiene en ningún otro país: cinco años y cuatro meses no excarcelables –aunque la rapiña la haya cometido un muchacho de 18 años, robándole la campera a un conocido–. Esto podrá dejar tranquila a alguna tía, a alguna familia y a la opinión pública, pero en dos años tendremos mil presos más en nuestras cárceles». El diputado subrayó que esta es la realidad del Uruguay, pero también la de toda América Latina.

La fundación alemana Kolpin, que concurrió a la Comisión de Derechos Humanos, se ofreció a colaborar en la búsqueda de trabajos para reclusos y liberados. «Trabajar la tierra y elaborar diferentes productos» son ejemplos de labores que los presos pueden cumplir y por ello recibir una remuneración, que les ayudará en el camino de la rehabilitación. «Cuando ellos (los presos) han producido algo, los empresarios han protestado porque competían con ellos con precios más bajos. Bueno, entonces, que vendan a los mismos precios (…)». Chifflet señaló además que la única forma de parar «la fábrica de excluidos» es transformando «las situaciones carcelarias de acuerdo a la Constitución y la Ley» y rechazó que el camino sea construir más cárceles.

Las condiciones actuales de salubridad de los centros de reclusión, específicamente, las calificó de «lamentables». Según expresó, varias de las personas que han declarado ante la Comisión –entre ellas destacados profesionales–, han alertado de que hasta el momento «no se han producido verdaderas catástrofes sanitarias por dos motivos: ‘porque es una población joven que posiblemente haya desarrollado sistemas de defensa y…¡porque Dios existe!'».

Los presos uruguayos viven en condiciones de «hacinamiento y promiscuidad». Otro de los testimonios transmitidos a LA REPUBLICA por el diputado, «proveniente de una destacada abogada que sabe de lo que habla, dice: no ha existido la voluntad política para hacer de las cárceles más que un depósito de seres humanos».

A modo de ejemplo, en el Penal de Libertad, en celdas con capacidad para 12 personas, conviven hasta 20, por supuesto sin la menor privacidad». En este mismo centro, un recluso denunció ante la Comisión haber sido mordido por una rata. La cantidad de enfermos de sida que existe en dicho establecimiento, al igual que en Canelones o en el Comcar «se desconoce».

Finalmente, Guillermo Chifflet señaló que sería muy importante contar con personal médico voluntario, que colaborara en la atención de estas personas.

 

Médico forense «violó ética médica»

El caso del preso asesinado hace pocos días en el Penal, también fue tratado por la Comisión parlamentaria. Como informara LA REPUBLICA, la madre de Pablo Toledo, Yolanda Bovarí, desconociendo las «sugerencias» de no abrir el cajón para velar a su hijo, quiso ver el cuerpo. Entonces la mujer descubrió que «estaba desnudo, destrozado, con tajos por todos lados, cubierto con un tul y papeles y con una sonda a un lado». La visión del cuerpo hizo sospechar a la mujer, incluso, de la posibilidad de que le hubieran «sacado algún órgano». Al respecto, Chifflet manifestó claramente que el «médico forense violó la ética médica; entregó el cadáver sin siquiera preocuparse de arreglarlo para no causar tan terrible impresión a sus familiares, que por supuesto tenían derecho a verlo». Estas prácticas «sucedían en la dictadura, pero son inadmisibles en una democracia», reiteró.

Lo sucedido será también analizado el martes próximo cuando la Comisión se reúna con el ministro. Allí se plantearán entre otros los testimonios de tres testigos, familiares de presos que se encontraban en el Penal de visita en el momento del asesinato, que aseguran haber escuchado «a un funcionario policial gritarle al médico que corrió a atender al muchacho herido: ‘merecés que te rompan la cabeza, dejalo que se muera que así hay uno menos'». Y este es otro tema: «La forma humillante en que son tratados los familiares muchas veces, cuando van de visita», expresó Chifflet.

En el mismo sentido se manifestó el diputado encuentrista Luis Gallo, quien elevó un pedido de informes al Parlamento solicitando conocer: «Qué medidas asistenciales de emergencia se tomaron por parte del personal sanitario del establecimiento una vez acaecido el hecho. Si el cadáver fue entregado a los familiares por parte de funcionarios policiales, y en caso afirmativo, de qué dependencia. Si hubo orden de no abrir el féretro, motivo de la misma».

El mismo diputado manifestó a LA REPUBLICA que también ha pedido a la suprema Corte saber si se realizó «la pericia forense sobre dicho cadáver; lugar, fecha y hora de la misma».

Que se establezca «el lugar de procedencia del cadáver» y, especialmente, motivo por el cual no se dio cumplimiento a la Ley 14.005, cuyo artículo 2º ordena «a los autopsistas procurar que la integridad corpórea del cadáver quede restablecida al máximo».