A 11 años del crimen de Andrés Trigo aún reclaman justicia

Un lunes 17 de agosto, como hoy, pero del año 1998, Colonia del Sacramento se estremeció al saber que un muchacho de 18 años, Andrés Trigo Fonte, había sido hallado sin vida en una calle apartada del Real de San Carlos, con dos impactos de bala en su cabeza.

Era conocido en toda la ciudad por ayudar a su padre en el reparto de garrafas de supergás y no tenía enemigos, por lo menos notorios, según coinciden todos los testimonios recogidos durante la investigación del caso. Sólo hay una persona procesada y en prisión ­la ex novia del joven­ y la impunidad que ampara a muchos otros implicados, lleva ya once años de silencio imperturbable.

Casi todos los domingos por la noche, Andrés solía ayudar al cantinero del club San Carlos, en la planta suburbana coloniense, para que no se viera desbordado por la clientela especial que concitaba una reunión bailable. A las cuatro de la mañana de aquel 17 de agosto del 98, el joven avisó que tenía que «salir un rato» y se alejó del lugar conduciendo la camioneta placa LA.8271, propiedad de Walter, su padre.

Unas horas después, en el domicilio familiar de la calle Eduardo Acevedo, Graciela ­su madre­ se dispuso a cumplir lo que Andrés le había pedido el día antes, que «lo llamara temprano, porque iba a instalar la radio en la camioneta». Grande fue su sorpresa al ver que la cama estaba vacía.

A mediodía del lunes fue ubicado el vehículo en la calle Atanasio Sierra, próximo a la Ruta Nº 21 y en su interior, el joven ejecutado. Por ese entonces, el último homicidio que recordaban los colonienses era el de un chofer de la Dirección Nacional de Catastro. La Policía, comandada por el inspector Hugo Pintos Funes, había aclarado el caso y los responsables estaban recluidos en Piedra de los Indios.

Sin embargo, el asesinato de Andrés dejaría en evidencia muchos «misterios» del accionar policial. No se preservó la escena del crimen como correspondía, no se permitió el apoyo de la Policía Técnica de Montevideo y, para completar el cuadro de insólitos procedimientos, en la Seccional 7ª lavaron la camioneta.

Así las cosas, un mes después, el 17 de setiembre de 1998, la familia Trigo, rodeada del apoyo de cientos de vecinos salió a las calles en una marcha de silencio para reclamar que las investigaciones se intensificaran, ya que consideraban que había elementos que comprometían a Karina, la ex novia del occiso. A Pintos Funes no se le ocurrió nada mejor, en declaraciones a la prensa, que echar sombras sobre la vida privada de Andrés, y Colonia estalló de indignación contra el jerarca policial.

Los uniformados prometieron «avances» en las pesquisas y practicaron varias detenciones, pero todos recuperaron su libertad. Para peor, un joven de 19 años denunció que había sido torturado para que se declarara culpable. En noviembre de 1998, la población coloniense juntó miles de firmas pidiendo el alejamiento de Pintos Funes y lo mismo solicitó la Junta Departamental. El desbocado jerarca policial, finalmente, tuvo que abandonar su puesto en Colonia y fue reemplazado por Alfredo Garagorry primero y luego, en 2000, por el actual subsecretario del Ministerio del Interior, inspector Ricardo Bernal. También hubo cambios a nivel judicial, y pasó a hacerse cargo del «caso Trigo» el magistrado Gerardo Siri, subrogante de Sergio Torres.

En 1999 tomó intervención en el tema el comisario Eduardo Romero, quien entonces se desempeñaba como titular de la División Homicidios de Montevideo. Se instaló en Colonia con su equipo de trabajo y rápidamente condujo ante juez a una docena de sospechosos, entre los que figuraban la ex novia de Andrés, un ex policía (Mario Hernández) al que la chica había ofrecido «dinero para darle un susto» al joven Trigo, y también otros uniformados en actividad. Una rara y explosiva combinación.

Todos quedaron en libertad y Hernández fue autorizado a residir en Buenos Aires por motivos laborales. Repetidamente se viene pidiendo su extradición por entender que es «pieza clave» y tiene mucho que decir, pero no pasa nada.

En 2001, Walter Trigo cerró una marcha de silencio ­que se volvieron tradicionales, en cada aniversario del crimen­ diciendo que «los principales sospechosos trabajan en la (comisaría) 1ª y en Investigaciones». Pintos Funes volvió de paseo a Colonia e insistió con sus cuestionamientos a Andrés, entonces la Junta Departamental, por unanimidad, lo declaró persona no grata. El comisario Romero retornó a Montevideo, llamado por otros cometidos, y al partir aseguró «fuera de micrófono» a los comunicadores locales que aquello era «asunto cerrado», aludiendo a que había dejado elementos probatorios categóricos contra algunos de los que había detenido.

En 2002 se hizo cargo un nuevo equipo policial comandado por los comisarios Ariel Hernández (de Colonia) y Roberto de los Santos (de Montevideo) y fue ahí cuando el nuevo fiscal del caso, el doctor Ariel Cancela, procesó con prisión a la ex novia de Andrés, imputada de coautoría de homicidio. En 2003 la investigación tomó un giro inesperado, ya que involucró también a un delincuente «peso pesado», Alejandro Píriz Brum. En enero de 2004 las autoridades del Ministerio del Interior denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia al juez de Carmelo, Carlos Colmenero, por «entorpecer la investigación y proteger a Píriz Brum». Años después, el peligroso delincuente sería detenido y remitido a prisión. La insólita madeja continuaba engrosándose. En el tiempo que lleva en prisión, la ex novia de Andrés se mantiene con la boca cerrada, lo que no ha permitido descubrir al que ejecutó al muchacho con dos disparos y sobre todo, a los responsables intelectuales de tan intrincada trama. El silencio se ha vuelto una muralla impenetrable. Y hoy la impunidad lleva 11 años paseándose a su arbitrio por las calles de Colonia.