Continúa huelga policial en Rivera con gran adhesión

En tanto se presentó ante la Justicia el ex policía al que se había declarado prófugo, y el cual fuera enviado a la cárcel en las últimas horas, las medidas anunciadas por los integrantes del SUPU (Sindicato Unico de Policías del Uruguay) se vienen cumpliendo en Rivera con un alto grado de acatamiento, incluso se habla de prácticamente un 100% de adhesión.

Hasta el sábado al mediodía se suspendieron los servicios 222,

lo que determinó que el BROU no funcionara además de algunos bancos privados.

Como se anunciara, hasta el próximo día 30 de abril no se expedirán certificados de Habilitación Policial, no se tomarán denuncias por hurtos y/o extravíos, llenados y autorización de guías de propiedad de tránsito de ganado y frutos del país, autorización para viajes de menores y contratos de servicios 222.

En lo referente al llenado de guías de tránsito, integrantes del sindicato policial afirmaron que «como nuestro interés no es perjudicar a nadie, cuando existen casos de animales o frutos que tienen fecha marcada para presentarse en ferias, se cumple con la autorización».

 

Críticas al ministerio

Desde el propio gremio de policías han surgido duras críticas hacia las autoridades del Ministerio del Interior, por entender en primera instancia que fueron presionados por un asesor de la ministra Daisy Tourné, y manifestando además que se sienten «desprotegidos ante el avance de la delincuencia en nuestro país». La vicepresidenta del SUPU, Martha Martínez, en declaraciones a la prensa manifestó que «las medidas de lucha no son contra el Ministerio del Interior, como normalmente se piensa, es que queremos dejar de ser rehenes de toda una situación. Lo que nosotros queremos no es estar por encima de la Ley, queremos ser medidos por la misma vara, queremos un fallo justo».

En otro orden de cosas, Martínez expresó que «tenemos un policía procesado por un «doble homicidio» ocurrido cuando realizaba guardia en la cárcel, se solicitaron salidas transitorias, se presentaron las garantías solicitadas, y resulta que el Abogado Regional del Ministerio del Interior, el mismo que entendió que nuestro compañero (el agente Angel Fernández) era inocente, porque se ajustó a derecho, en dos oportunidades manifestó que no era conveniente que se le permita a ese policía salir. La obligación nuestra es brindar seguridad a la población, y a nosotros ¿quién nos cuida? nadie. El agente Fernández hace un año y medio ha solicitado una entrevista con la señora ministra del Interior, que es su patrona, nunca le respondió, la solicitud duerme en un cajón. Si nosotros somos trabajadores, tenemos un patrón, y en el momento en que tenemos un problema, éste se esconde, y no atiende nuestros problemas, ¿qué pueden esperar las personas que están en la calle esperando que nosotros solucionemos los problemas de ellos?» finalizó diciendo.

 

Denuncian filtración de información

Se aguarda para los próximos días una reunión con integrantes del SUPU para evaluar las medidas a tomar, mientras que en las próximas horas se solicitarán las grabaciones de un programa que se emite a través de una radio local, cuyo conductor es el corresponsal del diario «El País». El motivo de la medida es considerar las acciones a tomar para conocer por qué el periodista en cuestión estaba al tanto, 24 horas antes, de la cantidad de policías que serían procesados y el delito que se les imputaría.

Al decir de los integrantes del gremio policial , «¿que garantías tenemos?. En el mismo día en que nuestros compañeros fueran procesados se recibió la orden de detenerlos y trasladarlos, pero éste periodista tenía conocimiento cabal un día antes, y queremos saber por qué».