Liberaron a la colombiana acusada de lavado de activos

Fue dejada ayer en libertad la colombiana Joanne León, requerida en su país por delitos de estafa y lavado de dinero, ya que la justicia de su país desistió de extraditarla por considerar «inaceptables» las condiciones puestas por Uruguay. Ahora la mujer pedirá asilo político en nuestro país.

La medida adoptada por el fiscal general de Colombia, Mario Germán Iguarán, se debe a que la Justicia de nuestro país solo concedía la extradición para que la empresaria fuera sometida a juicio por un delito de lavado de activos, procedenetes del narcotráfico, cuando en Colombia se le pretende juzgar por varios delitos más. Vale recordar que su marido y socio se encuentra ya preso en su país de origen.

Ayer, al abandonar la Cárcel de Mujeres, Joanne Ivette León, se mostraba muy feliz y emocionada hasta las lágrimas al recordar a su familia; dijo que tanto ella como su marido son perseguidos políticos del gobierno colombiano.

«Somos personas inocentes y lo único que hemos hecho es trabajar por el bien de la gente», sostuvo, a lo que agregó que ellos nunca lavaron dinero del narcotráfico ni estafaron a nadie. Vale recordar que se los acusa de montar una empresa de sistema piramidal, por el cual habrían sido estafadas decenas de miles de personas.

En otro pasaje, León dijo: «Por fin se hizo justicia, me tuvieron dos meses presa injustamente». También afirmó que su idea es permanecer en Uruguay junto a su familia, pues lo considera un país, «justo, legal y democrático». Asimismo dijo que lo único y primero que quería hacer era estar con sus hijos, que siempre la visitaron durante su reclusión.

Por su parte, su abogado, Diego Camaño, sostuvo que el próximo paso a dar será pedir refugio al gobierno uruguayo, mientras desde Colombia se informó que las autoridades solicitarán la expulsión de León.

Al ser consultada acerca de porqué considera de que ella y su marido son perseguidos políticos en su país, afirmó: «Porque en Colombia es pecado haber montado una compañía exitosa en tan poco tiempo, porque desafortunadamente los que siempre dominan el país son los únicos que pueden hacer y deshacer».

Esta mujer fue detenida el 13 de enero junto a otras tres personas de su misma nacionalidad en una residencia de Carrasco.

Ella y su esposo, David Murcia Guzmán, quien ya se encuentra a disposición de la justicia colombiana, estuvieron viviendo en Pocitos primero, pero luego de que él viajara a Panamá y allí fuera detenido, ella se mudó a Carrasco. Según se ha denunciado, el matrimonio, que era dueño de más de 90% de las acciones de la empresa DMG, que nucleaba una veintena de empresas, habría realizado maniobras de lavado de dinero por más de 60 millones de dólares, siendo los principales damnificados personas de bajos recursos, todo esto según datos aportados por los principales medios colombianos.