La xilocaína, Alexis y el "caso González"

El encarcelamiento del inspector mayor (r) Alexis González Videla, integrante de la asociación delictiva que traficaría el anestésico xilocaína para adulterar cocaína en Brasil, reveló la persistencia en el tiempo de criminales organizados que dejaron ver toda su peligrosidad con la ejecución del «empresario» Luis Ernesto González.

Al menos una semana luego de que su esposa Olga Sánchez reportó su ausencia, el contrabandista y traficante Luis Ernesto González, hasta entonces el «empresario», habría estado escondido en su casa, en el centro de Parque del Plata ­desde donde controlaba free shops en Rivera y Chuy­, y su oficina en 18 de Julio y Pablo de María.

Dos días después de la «desaparición» de su esposo, denunciada el 23 de agosto de 1993, el subcomisario Washington De María del Departamento de Operaciones Especiales (DOE) fue recluido en la base cuartelera de la Guardia de Granaderos, por disposición del entonces ministro del Interior, doctor Juan Andrés Ramírez.

Hasta hoy, De María sigue procesado sin condena por el homicidio, y proclama su inocencia por falta de pruebas que lo incriminen. Su coartada es que estaba preso.

El presidente Luis Alberto Lacalle había tenido que sortear un grave incidente, el 13 del mismo mes, cuando ocurrió un inexplicado incendio en los últimos pisos del edificio central de UTE, donde funcionaba un computador central que registraba todas las transferencias de divisas que el ente autónomo realizaba con el exterior.

 

Las historias se repiten

Desde entonces han sido demasiadas las versiones. Lo cierto es que el inspector mayor (r) Alexis González ya era amante de la señora Olga Sánchez, la esposa del «empresario» Luis Ernesto González, quien luego resultara involucrado como autor en delitos simultáneos como contrabando, tráfico de oro y divisas, estafas, contrabando común, defraudaciones tributarias, uso delictivo de cheques, etcétera.

También se probaría después, en sede penal, que la señora Sánchez, apoderada legal de su marido, había tramitado una sustanciosa modificación en el seguro de vida del «empresario», cuyo cadáver, con un balazo en la nuca, apareció el día 30, en el Paraje Garúa, en la localidad Los Cerrillos, departamento de Canelones. Sánchez sería procesada por fraude. La viuda del difunto intentó cobrar varios de los seguros de vida de su marido. Lo hizo en compañía del inspector mayor, recién recluido. La Justicia podría aclarar, 16 años después, si la muerte del «empresario» fue fraude derivado en homicidio, oportunidad propicia para «quemar los archivos».

El «empresario» ejecutado había protagonizado una operación de lavado de dinero a través del sistema informático de la UTE.

El incendio, que costó la vida a cinco limpiadoras, borró toda evidencia de un desvío de trece millones de dólares hacia Dubai, Emiratos Árabes, y siete millones con destino a la ciudad de Nueva York. Tiempo antes, la misma organización intentó estafar al Banco Central del Uruguay.

La captura del inspector mayor y su interrogatorio podrían esclarecer otros casos, ya que es delincuente reincidente, antes procesado por fraude con Olga Sánchez.