Justicia uruguaya concedió extradición de colombiana vinculada con fraudes

El juez Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Jorge Díaz, concedió la extradición «parcial» de la colombiana Joanne Ivette León Bermúdez, para ser juzgada en su país por el delito de «lavado de activos procedentes del narcotráfico».

El magistrado concedió la extradición al haberse cumplido «todos los requisitos exigidos por la legislación nacional e internacional a tales efectos», pero no ingresó «en el fondo» del asunto, puesto que no le compete determinar si la requerida es responsable de los delitos que se le atribuyen en Colombia.

«El objeto del presente proceso, ha quedado circunscripto a la elucidación de la procedencia o no de la pretensión de la República de Colombia», para someterla a proceso «por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos», expresa la sentencia de Díaz.

Sin embargo, el análisis dispuesto por el magistrado a la requisitoria de extradición concluyó que «sólo los hechos que configuran el reato de lavado de activos en el derecho del Estado requirente, encajan con plasticidad en figuras delictivas recogidas en nuestro derecho penal positivo».

Las restantes imputaciones, por el delito de captación masiva y habitual de dinero, «no constituyen delito en nuestro ordenamiento jurídico» y por ende «no puede concederse la extradición por los mismos», señala la sentencia del juez Díaz, fundada por abundante jurisprudencia nacional e internacional.

El magistrado dispuso notificar su resolución «al Ministerio de Relaciones Exteriores, para la coordinación de la entrega a la autoridad requirente, la que deberá verificarse dentro del término máximo de 30 días a contar de la comunicación a las autoridades» colombianas.

 

Rápida extradición

La colombiana Ivette León estaría dispuesta a ser extraditada rápidamente a su país, por lo cual su defensa aún no definió si apelará la resolución del juez Jorge Díaz. En este sentido, los abogados Jorge Pan y Diego Camaño se reunirán hoy con León para determinar los pasos a seguir.

«La actitud de ella es ir a Colombia y enfrentar la situación», puesto que «considera no tener ninguna vinculación con el lavado de activos procedentes del narcotráfico», pero «lo vamos a analizar con ella» para determinar los pasos a seguir, indicó Pan a LA REPUBLICA.

La idea primaria «es ir a Colombia» y «ponerse a disposición de las autoridades colombianas», pero eso aún no se definió. La defensa tiene hasta este jueves para apelar la resolución.

El pasado 18 de noviembre de 2008, el juez 33º Penal Municipal de Bogotá (Colombia), Carlos Humberto Rodríguez, libró orden de captura contra León, por los delitos de «captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos». La detención de la colombiana se produjo sobre mediados de enero en una casa de Carrasco, tras lo cual se dispuso su «arresto administrativo».

La Justicia colombiana responsabiliza a León y su esposo David Murcia como autores de una millonaria estafa por la creación de una «pirámide financiera» a través de la empresa DMG. El esposo de León se encuentra detenido en Colombia, tras ser deportado desde Panamá.

 

Víctima de persecución

La colombiana Ivette León declaró en una entrevista en «La W» que la crisis del grupo empresarial liderado por su marido David Murcia fue provocada por la intervención del gobierno de Alvaro Uribe, al tiempo que se declaró víctima de una persecución de las autoridades colombianas.

«Nosotros en ningún momento le hicimos mal a nadie. Trabajamos duro para que todo funcionara. Si en este momento estamos como estamos fue por la intervención del gobierno», dijo León. El grupo DMG es perseguido por las autoridades «y los poderosos» de Colombia, por haber creado un modelo de negocio de alta rentabilidad con el fin de apoyar a los más pobres, según León.

Sin embargo, la sentencia del magistrado descarta el móvil político como objeto del pedido de extradición. No «resulta acreditado y ni siquiera se ha invocado, que los hechos de autos tengan conexión con delitos políticos o que su represión obedezca a motivos políticos», expresa la sentencia del juez Díaz.