Empresaria colombiana presa en Cabildo con arresto administrativo

Diversos medios colombianos informaron ayer que la Fiscalía General de Colombia envió ya, hacia nuestro país, un grupo de investigadores especialistas en el caso de las maniobras con inversiones en sistemas de «pirámides», ya que se afirma que existen datos concretos de que tendrían pensado montar una empresa del mismo estilo de la que funcionaba en Colombia.

Dichos investigadores llegarán para trabajar en conjunto con las autoridades judiciales y policiales de nuestro país, valiendo señalar que ayer, el juez que lleva este hecho, doctor Jorge Díaz, especialista en casos de crimen organizado, mantuvo varias comunicaciones telefónicas con el fiscal general de Colombia, con el fiscal que lleva el caso de las estafas de la empresa «DMG», con el canciller interino y con autoridades de la embajada del país cafetero.

Otro hecho a señalar es que fueron dejadas en libertad las tres personas que fueron detenidas en una casa de Carrasco junto a Johanna Ivette León, que era la esposa del creador de la mencionada empresa y además ella era una de las principales accionistas, al punto que, en su país se la espera para juzgarla por lavado de activos y estafas.

Ayer, los cuatro colombianos fueron llevados al despacho del doctor Jorge Díaz en la calle Misiones, suscitándose una extraña situación ya que, la principal sospechosa ingresó a la sede judicial a las risas, como si nada estuviese pasando.

Para dar una idea de la magnitud de las maniobras que fueron denunciadas, vale decir que existirían más de dos millones de personas estafadas, en su mayoría de bajos recursos.

La nueva reclusa de la cárcel de mujeres, que tiene 25 años, es la esposa de David Murcia Guzmán, de 28, quien fue el creador de la empresa «DMG».

La noticia de la detención de Johana León, fue la apertura de todos los noticieros colombianos y tapa de todos los diarios, ya que su captura era prioridad en tierras cafeteras, luego que su esposo fuera capturado hace poco menos de dos meses en Panamá, tras haber estado en nuestro país.

Los medios periodísticos colombianos afirmaron que, tanto en su país como en el Uruguay, ya hay importantes bufetes de abogados trabajando para evitar que la joven empresaria sea extraditada, pues su situación en Colombia es harto complicada.

En diálogo con LA REPUBLICA, el juez Jorge Díaz dijo que la mujer quedará bajo el régimen de arresto administrativo, a la espera de la solicitud formal de extradición de las autoridades colombianas, y que si bien no existe un tratado bilateral entre ambos países que lo contemple, esto no es ningún impedimento para que la extradición se haga efectiva.

Consultado sobre cuales podrían ser los plazos para que la misma se efectúe, o en todo caso que se niegue y la joven empresaria quede en libertad, dijo que eso es muy difícil de determinar, ya que existen controles formales que se deben de realizar y luego también están los descargos que pueda realizar la defensa de la detenida.

Ante ello se desprende que los profesionales que entienden la causa de León, tratarán por todos los medios de evitar su extradición y, en todo caso, de introducir chicanas legales para extender los plazos, ya que es bueno recordar que, todo el tiempo que aquí pase detenida, en caso de que sea extraditada y procesada en su país, dicho tiempo deberá ser restado de su condena definitiva.

El ministro del Interior colombiano, Fabio Valencia Cossio, destacó, ayer, que el caso lo esté trabajando un juez que se especializa en delitos del crimen organizado en nuestro país y dijo que se buscará, por todos los medios que Johana León llegue a suelo colombiano, ya sea mediante la vía de la extradición o también mediante la «deportación».

Vale recordar que dos ex asesores y socios del matrimonio Murcia Guzmán-León, tras ser detenidos, aceptaron los cargos en su contra y fueron procesados por el delito de «lavado de activos», en tanto que David Guzmán León, sigue negando todo, al punto que, a pesar de estar encarcelado, mantiene un fuerte litigio con abogados de los renombrados en Colombia, contra el Estado.

El matrimonio había montado un verdadero imperio en torno a unas inversiones de poco monto con tarjetas de prepago, con los cuales las autoridades colombianas creen que lavaban dinero proveniente del narcotráfico.