Jefe de Bomberos de San Carlos y abogado argentino procesados

El Juzgado Penal de 2º Turno de Maldonado fue escenario de dos circunstancias insólitas. El martes, el juez Daniel Tapié decretó el procesamiento con prisión por «un delito continuado de peculado» a Héctor Prudencio Fernández Centurión, jefe del Destacamento de Bomberos de San Carlos, de 51 años. Actualmente se encuentra detenido en la Seccional 2ª de la misma ciudad.

Este jerarca del Ministerio del Interior utilizó en provecho propio cierta cantidad de dinero perteneciente al Estado, efectuándose la denuncia correspondiente ante autoridades de la Seccional 2ª por parte de una auditoría ministerial que comprobó un faltante de 40 mil pesos.

En tanto, ayer de mañana efectivos de la Seccional 10ª de Punta del Este detuvieron a un hombre mientras intentaba robar algunas pulseras por un valor de 100 dólares en un local ubicado en el Punta Shopping.

Los empleados, que lo vieron, lo denunciaron ante la seguridad del complejo comercial, quienes, a su vez, llamaron a la Policía y procedieron a controlarlo para que no escapara. Pero cuando llegaron los uniformados les ofreció que se quedaran con las joyas, por lo que también lo denunciaron por soborno. El juez Tapié procesó sin prisión al abogado Marcelo Enrique Figueira, argentino, casado de 41 años, por un delito de tentativa de hurto y soborno. La decisión judicial sorprendió, ya que hubo varios testigos del soborno, y al acusado se le imputaron dos delitos.

Explotación de menores

Por otro lado, policías de Maldonado detuvieron a un hombre que explotaba a un grupo de entre 8 y 10 menores cuyas edades oscilan entre los 5 los 13 años.

El hombre y los niños estaban acampados en el balneario Las Flores. Cada mañana, en una camioneta Kia matriculada en Montevideo, trasladaba a los menores hacia Punta del Este, donde los hacía mendigar. A mediodía les ofrecía un magro almuerzo y los pasaba a buscar alrededor de las 2 de la madrugada.

En la madrugada del miércoles la camioneta fue detenida; en ella viajaban, además de los niños, el explotador y un matrimonio que se presume vinculado. Sin embargo, el juez Tapié los dejó en libertad porque consideró que «la mendicidad inducida» es una falta pero no un delito. Entre los chicos hay uno con discapacidad, lo que motivó la intervención del Iname y varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de la infancia, que podrían presentar nuevas denuncias en el transcurso de las próximas horas.