Cárcel a integrantes de mafia dedicada al robo de autos

El pronunciamiento de la Justicia es el corolario de un procedimiento realizado el pasado jueves por la Policía olimareña, tal como se informara en la edición del viernes último. El jefe de Policía de Treinta y Tres, inspector general (r) Alfredo Garagorry, dijo ayer a LA REPUBLICA que de este primer procedimiento surgieron elementos que ahora se investigan para, eventualmente, realizar nuevas acciones.

Lo que hasta el momento quedó demostrado, reconoció el jerarca, es que se está ante una banda organizada que opera en varios puntos del país y que incluso sus negocios abarcan el exterior, al menos Brasil. La punta del ovillo que permitió establecer la existencia de esta organización criminal fue encontrada luego de que el miércoles se denunciara el robo de una camioneta Fiorino en la ciudad olimareña.

En virtud de esto, personal policial se encontraba abocado al esclarecimiento del caso, cuando por las calles de la capital departamental los uniformados vieron circular a una Fiat Fiorino. Cinco personas la ocupaban: tres hombres y dos mujeres. El vehículo fue interceptado y al ser indagados sus tripulantes comenzaron las sorpresas.

Esta no, pero…

Lo primero que quedó en claro fue que la camioneta en cuestión no era la que había sido robada en Treinta y Tres. Estaba requerida por hurto, pero en la capital del país, lugar de donde eran oriundas las personas que viajaban en ella. Según se informó, los apresados residían en las inmediaciones del barrio Lavalleja de Montevideo.

Las coincidencias comenzaron a surgir. En las indagaciones, los montevideanos dejaron entrever que tenían conocimiento del rodado que buscaban los uniformados, el cual estaría en un taller mecánico de José Pedro Varela, en el departamento de Lavalleja. «Adivinos estaba claro que no eran», ironizó el número uno de la Policía olimareña, al comentar las declaraciones de los detenidos y que dejaban al desnudo la existencia de la organización.

En base a esto se comunicó con su colega de Lavalleja, José Pose Sanmartín, para explicarle la situación y notificarle que una comisión iba a realizar una serie de operativos en la localidad de Varela. Precisamente al lugar viajó el director de Investigaciones y personal a su cargo y funcionarios de Policía Técnica, bajo la supervisión del director de Coordinación Ejecutiva.

Una vez en la localidad se procedió a allanar un taller mecánico, en donde se recuperó la camioneta robada en Treinta y Tres y otra de idénticas características. En el establecimiento ya se estaban realizando las tareas de desgüace de los rodados. De esta manera quedaba confirmada la relación entre los apresados en territorio olimareño y el tallerista de Lavalleja, que también fue capturado.

Al juzgado

De vuelta en el departamento, los funcionarios intervinientes reindagaron a los involucrados y se procedió a la detención de otras personas, como ser un tallerista y un taxista de Treinta y Tres. En esta etapa de las actuaciones surgieron elementos que permitieron establecer prima facie la existencia de un grupo sincronizado y con ramificaciones hasta ahora no establecidas claramente.

A juzgar por los resultados de estas intervenciones se puede inducir que la banda operaba en Montevideo, Lavalleja y Treinta y Tres. También que la banda realizaba varias operaciones con los vehículos sustraídos; o los desarmaba para vender autopartes, o los trasladaba a Brasil para su posterior comercialización o le cambiaba determinadas piezas y los revendía en el mercado local.

Como toda «empresa» también en esta existen los distintos niveles de poder, estimándose que las personas que fueron apresadas hacían el «trabajo sucio»: robar, desarmarlos y venderlos.

Los uniformados de Treinta y Tres pudieron establecer que el taxista detenido en el marco de estos procedimientos había adquirido (a sabiendas de la ilegalidad) un motor para su medio de trabajo. Luego de tres días de intensos trabajos, el equipo que trabajó en el caso elevó todos los elementos reunidos a la Justicia. Culminada la instancia en el juzgado, el magistrado actuante decretó el procesamiento con prisión por un delito de «asociación para delinquir» de Juan Belarde Mariño Santana de 50 años, de Pablo Ignacio Retamar Lemos de 25, Alejandro Daniel Sogliano Pricoli, de 29 y de JIMC. Entre estos están los tres hombre de Montevideo y el tallerista de Treinta y Tres, que ya contaba con antecedentes penales. Otras dos personas fueron procesadas, pero sin prisión, por un delito de receptación tratándose de JMFG y CEAR; el tallerista de José Pedro Varela y el obrero del volante olimareño.