Seguridad. El efectivo era custodiado por integrantes del gremio y ahora deberá serlo por funcionarios de Jefatura

A la Justicia caso del policía de Piriápolis amenazado de muerte

El caso del agente Raúl Lago, que cumple funciones en la Seccional 11ª del balneario de Piriápolis, pasó a la órbita judicial, tras una serie de diligencias efectuadas en Maldonado por el fiscal nacional de Policía, doctor Héctor Di Giácomo. Durante las distintas instancias, también estuvo presente la abogada del gremio policial de este departamento, doctora Estela Ximénez, quien acompañó a Raúl Pereira ayer a la tarde cuando se presentó a declarar ante el Juzgado Penal de 2º Turno.

En esta jornada, en tanto, el doctor Federico Alvarez Petraglia tomará declaración a una serie de personas vinculadas a la denuncia original del agente Lago, incluido un periodista que cumple funciones en una emisora de Piriápolis.

El policía amenazado, que se encuentra junto a su familia en un lugar no revelado y custodiado por integrantes del propio gremio policial, contará desde ahora con seguridad aportada por la propia Jefatura de Maldonado, según quedó resuelto ayer por el doctor Di Giácomo.

El jerarca confirmó que la denuncia de Lago fue elevada a través del gremio policial de Maldonado a «Asuntos Internos» del Ministerio del Interior donde se decidió iniciar las investigaciones.

En medio surgieron las amenazas de muerte contra el agente.

«Hay una denuncia de amenazas telefónicas que también incorporamos como una actuación para tratar de investigar y esclarecer qué fue lo que ocurrió», señaló Di Giácomo, quien no brindó otros detalles de las actuaciones que proseguirán a nivel de la propia Fiscalía y del Ministerio del Interior.

 

Una banda que no era

De acuerdo a la información obtenida por LA REPUBLICA, la denuncia sobre irregularidades en la Seccional de Piriápolis habría surgido a raíz de información inexacta relacionada con un golpe que pretendería dar una banda de delincuentes integrada también por el policía mencionado contra un local Abitab del balneario. Este resultó detenido e indagado, junto a otras personas, sin que hubiese pruebas en su contra.

A partir de allí surgieron una serie de elementos que llevaron al agente Pereira, que es además delegado del gremio policial de este departamento, a poner en conocimiento de sus pares toda la situación vivida. De esa manera surgió la denuncia que llegó al Ministerio del Interior hace aproximadamente un mes. Desde ese momento el agente Lago comenzó a recibir una serie de amenazas de muerte, que se ampliaron luego incluyendo a su propia familia, procurando que diera marcha atrás con la denuncia. Una de ellas provino de las proximidades de un supermercado de la calle Roosevelt de la península.

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