Justicia liberó a los detenidos por el crimen del estudiante

Fuentes policiales confiaron a LA REPUBLICA que la resolución de la Justicia generó un profundo malestar entre los investigadores de la División Homicidios de la Dirección de Investigaciones de Jefatura de Policía de Montevideo y de la Seccional 24ª, que fueron los que trabajaron en el caso.

Los funcionarios consideraron que esto demuestra que el juez actuante no estimó la tarea que realizaron en estos días y principalmente el procedimiento efectuado en la mañana del viernes en la misma zona donde se cometió el homicidio del joven Luis Eduardo Aloy Maya, de 18 años, oriundo de la ciudad de Minas de Corrales (departamento de Rivera), y que era llamado por sus compañeros de la Escuela Técnica de Marítima de la UTU como «El Canario», quien trabajaba en un almacén ubicado en la calle Continuación Austria 2405, zona del Cerro.

En el mismo lograron detener a tres hermanos de 15, 16 y 18 años y un amigo de ellos de 22, los cuales reconocieron haber participado del hecho y dijeron que la muerte del muchacho fue accidental, porque no tenían intención de lastimarlo.

Los dos menores manifestaron que fueron hasta el lugar mientras su hermano mayor hacia de «campana», pidieron un refresco y al parecer el trabajador algo sospechó por lo que volvió a entrar al comercio, circunstancia en la que se le escapó el disparo al adolescente.

Estos dijeron que utilizaron un revólver calibre 32 el cual arrojaron en una cancha de fútbol a tres cuadras del almacén, cuando huían asustados por lo ocurrido. La cancha y sus alrededores fueron rastrillados pero no se halló al arma.

El hallazgo del revolver cobra ahora mucha más relevancia ya que las huellas dactilares existentes en él podrían confirmar que el menor de 16 años, que había confesado ante los policías ser el homicida, efectivamente lo es.

Además, el personal de Homicidios busca denodadamente nuevas pruebas que ayuden a reafirmar la versión dada por los tres hermanos y su amigo en primera instancia, la que, horas más tarde, y ante el juez, negaron, afirmando en la mañana de ayer todo lo contrario a lo que le habían dicho a los efectivos policiales.

Por esto, los mayores debieron ser dejados en libertad y los menores, que poseen cuatro anotaciones cada uno por rapiña y que estaban fugados de un hogar del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay), volvieron a ser internados.

Recordemos que por su edad, los funcionarios no les pueden tomar declaraciones, y por esto es que no hay un registro escrito ni grabado de las mismas.

Al no repetirse los testimonios en la Justicia, los investigadores deberán volver sobres sus pasos y no considerar más el caso como «cerrado».