Denuncia penal en Paysandú por  adjudicación del gobierno anterior

El próximo jueves deberán presentarse como testigos de la denuncia los ediles frentistas Alejandro Machado y Ricardo Ambroa, miembros de la comisión investigadora. Expedientes y documentos recabados por la comisión ya fueron entregados a la Justicia penal, con anuencia del intendente Julio Pintos Ruiz.

En contrapartida, la sociedad anónima trabó una demanda por cobro de haberes.

Los dos juicios acusan a las autoridades de la administración blanca del escribano Alvaro Lamas (2000-2005), que además fue secretario general de la intendencia durante el período previo, cuando el doctor Jorge Larrañaga gobernó la comuna.

«La comisión investigadora creada en este período, por las irregularidades en obras de las fuentes ornamentales, analizó todas las situaciones planteadas y ameritó que fuera radicada una denuncia judicial por presuntas irregularidades en el proceso de concesión para construir las fuentes durante la última parte de la administración del ex intendente Alvaro Antonio Lamas», dijo a LA REPUBLICA el edil Ricardo Ambroa, representante del Frente Amplio y de la Vertiente Artiguista.

Los ediles de la comisión constataron que la escribanía municipal carece de los contratos y los informes técnicos. Ni siquiera expedientes con la constancia de las actuaciones respecto a las adjudicaciones de obras otorgadas a Lanistan SA.

Nunca fue consultada la Dirección de Planeamiento Urbano. Tampoco la Unidad de Gestión Urbana, del Departamento de Obras, ni la Dirección de Tránsito. Ni cuando se estudió el proyecto ni cuando se ejecutó el contrato de la adjudicación.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) solicitó ampliación de la información que le fuera remitida tras la investigación del actual gobierno sobre el procedimiento administrativo de la concesión. Los documentos fueron enviados a los ministros del TCR por una resolución del plenario de la Junta Departamental.

El voluminoso expediente comprende varios cientos de folios con la investigación administrativa y el peritaje judicial de la comuna, que comprobó gastos de dudosa necesidad, opinaron los ediles en base a los documentos de la Asesoría Jurídica.

 

«Una orden verbal»

En un comienzo, la empresa Lanistan SA había recibido del ex intendente Alvaro Lamas una «orden verbal» para realizar el proyecto. Luego trascendió que la empresa no estaba inscripta en el registro de proveedores de la Oficina de Compras, requisito para los particulares contratados por las intendencias. El informe pormenoriza indefiniciones, omisiones e imprecisiones en los proyectos.

Manifiestan además que la obra nunca se ajustó al proyecto presentado y que por ello debió haber sido observada en su momento por la Dirección de Obras, la dependencia municipal que los ediles sindican por una presunta falta de diligencia en el control del cumplimiento de la obra prevista en la concesión a Lanistan SA. También criticaron los ediles el empleo de materiales de mala calidad, que habría producido un efecto contrario a lo que se pretendía con la ornamentación.