Chifflet duda que el director de Libertad sea el más apto para el cargo

En la edición de la víspera, LA REPUBLICA publicó un reportaje al director del Penal de Libertad ubicado en San José, inspector mayor Antonio Cardozo, en el que –entre otras cosas– calificó de «disparates» los comentarios hechos por el legislador sobre ciertos comportamientos y sucesos que se denuncia ocurren en los distintos establecimientos penitenciarios.

El jerarca policial hizo alusión a comentarios hechos por abogados y políticos en el sentido de que en algunos centros de reclusión los presos pagan para ser trasladados de un penal a otro, optando preferentemente por aquellos establecimientos que se encuentran en el departamento de donde son oriundos o porque directamente están amenazados de muerte por los grupos que se forman en las cárceles.

«Lo que dijo (el diputado) Chifflet es un disparate (…) y lo reto a Chifflet a que me demuestre lo que dijo», señaló en el reportaje el director del centro de reclusión.

El diputado Chifflet, que además es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, manifestó a LA REPUBLICA que «ese tema de la compra de traslados o lugares de trabajo, todos los integrantes de la comisión, y yo personalmente, siempre lo hemos manejado con mucha prudencia».

El representante sostuvo: «El 26 de abril del año pasado en la comisión, entre otros, recibimos a representantes del Colegio de Abogados.

Un destacado profesional de ese grupo se refirió a la infraestructura ociosa de alguna dependencia del Penal de Libertad.

Dijo que allí trabajan cuarenta o cincuenta reclusos y que piensa que con el asesoramiento de algunos técnicos y de prácticos en la materia podría trabajar 100 o 150 personas».

Chifflet recordó que en oportunidad de la presencia de los integrantes del Colegio de Abogados en la comisión parlamentaria se consultó sobre si se suelen vender los puestos de trabajo: «Como respuesta se me dice que todos sabemos que circula esa versión, pero no tenemos pruebas. Más, en alguna oportunidad un recluso me entregó por escrito su denuncia de que, para obtener su traslado, se le exigía dinero. Obviamente, su testimonio no es prueba pero, en todo caso, confirma la versión», dijo.

Y de inmediato se preguntó: «¿De dónde sacó el señor director que yo lo acuso a él o, genéricamente, a todos, de cobrar por los traslados?».

«El disparate –dijo el representante encuentrista– va por cuenta de quien no se preocupó de informarse bien (y) le advierto desde ya al señor director que si yo tuviera una acusación tan grave como esa, no habría mantenido una entrevista con él sin decírselo».

«Discrepancia abismal»

El director del Penal de Libertad dijo creer en la entrevista publicada en la víspera por este diario que el servicio y la infraestructura que existen en las cárceles «son demasiado lujo» para la situación que vive nuestro país.

El jerarca había puntualizado en la oportunidad que lo dicho era una opinión muy personal, y que no implicaba la postura de la Dirección de Cárceles ni del Ministerio del Interior.

«Yo podría aportar diversos testimonios del Servicio de Paz y Justicia, de profesionales, de abogados, del propio informe del Parlamento Latinoamericano que tácitamente lo desmienten», dijo Chifllet. «La discrepancia con el señor director es, pues, abismal».

El legislador manifestó que lo ideal en el sistema carcelario es que se aplique la Constitución y la ley (porque) «los graves problemas de hacinamiento conspiran directamente contra las posibilidades de seguimiento y rehabilitación (…) Habrá que superar muchas insuficiencias para que las cárceles sean lugares de correción y no de corrupción».

El diputado del Encuentro Progresista dijo confiar en que «pueda convencerle de lo contrario porque si continúa pensando (que las cárceles son demasiado lujo) no pienso que pueda ser la persona más adecuada para el cargo».