Un apuñalado en el Comcar en reyerta por comercio de drogas

Al menos ocho personas privadas de libertad debieron comparecer el domingo ante el Juzgado en lo Penal de 3º Turno. Entre los conducidos había un recluso sindicado como presunto autor material del homicidio. Sin embargo, la presunción quedó desvirtuada.

El magistrado judicial que indaga la muerte, el juez penal Sergio Torres, continuará con la instrucción presumarial del expediente, a pesar de la falta de testigos que se avengan a aportar información. Los indagados se recluyeron en el pacto de silencio de los presos.

Según conclusiones preliminares elevadas al Comando del Comcar por los especialistas del Departamento de Información y Análisis Penitenciario (DIAP), el episodio comenzó con una reyerta generalizada que culminó cuando uno de los contendientes fue muerto.

El informe de la llamada «inteligencia penitenciaria» estableció que el recluso muerto, Wilson Britos, tenía una deuda por drogas. Pero aún se desconoce si Britos tenía una deuda de dinero como consumidor o si adeudaba drogas que ya había comercializado.

Fuentes carcelarias atribuyeron el homicidio a un ajuste de cuentas y explicaron a LA REPUBLICA que los estrictos controles impuestos por el Ministerio del Interior a las visitas de los presos impidieron el ingreso habitual de las drogas al centro carcelario.

Se estima, en consecuencia, que el recluso muerto se habría comprometido a entregar cierta cantidad de droga que ya había cobrado por adelantado. El estupefaciente nunca ingresó, debido a los controles de las requisas, y sus «clientes» cobraron con su vida. Las investigaciones revelaron que el enfrentamiento tuvo como protagonistas a dos bandas que se disputan el control sobre la venta de estupefacientes dentro de la cárcel. Una banda está integrada por reclusos vinculados a las organizaciones delictivas que operan en el barrio 40 Semanas. La otra banda está relacionada con el barrio Maracaná. De acuerdo al análisis de situación de inteligencia penitenciaria, el enfrentamiento entre las dos bandas rivales sería por el control de la distribución de los estupefacientes en el centro carcelario tras la nueva realidad impuesta por el endurecimiento de los controles. Lo que estaría en juego, de acuerdo a los indicios recabados, sería el comercio de las drogas que ingresan por otros medios aún sin detectar o aquellas que siguen siendo traficadas por familiares y allegados de presos que todavía no han sido aprehendidos debido a la sabida falta de tecnología no invasiva para la revisación íntima de cuerpos.