La magistrada de Dolores habría incurrido en "abuso de autoridad"

En tanto, la Suprema Corte de Justicia subrogó del cargo a la magistrada titular.

La doctora Rossana Canclini, que asumió la titularidad del Juzgado doloreño, comenzó un intenso trabajo con el estudio del expediente y dispuso la detención de varias personas.

En consecuencia, funcionarios de la Jefatura de Policía de Soriano y de otros departamentos, comenzaron a rastrear los pasos de estos individuos, que, como se recordará, habían sido liberados, bajo emplazamiento, por la jueza desplazada.

En jurisdicción de la Seccional 16ª de Montevideo fueron detenidas dos personas que resultaron trasladadas a Dolores. Si bien ya recuperaron la libertad, la doctora Canclini dispuso el procesamiento con prisión de la doloreña de iniciales J.C.V.P.DE.L, de 18 años, imputada por un delito de «encubrimiento».

En la tarde del lunes, un hombre y su concubina habían sido conducidos a Dolores desde la ciudad de Young, donde fueron apresados por los policías locales. Los sospechosos fueron procesados ayer, uno por coautoría, y otro por complicidad.

Los restantes delincuentes, cuya captura también solicitó la doctora Canclini, aún no han podido ser localizados por los policías. Se trata de una mujer y un hombre, ambos oriundos de Dolores, y otros tres sospechosos que residen en Montevideo.

 

Carta a la SCJ

La investigación del caso involucró a inspectores de la Dirección de Tránsito de la Intendencia Municipal de Soriano que fueron presionados por la jueza desplazada Amparo Tort.

La intendencia de Soriano ya inició una investigación administrativa interna al conocerse la cuestionada actuación de la magistrada sobre los dos funcionarios. Tras la captura de las ocho personas a pocas horas de cometido el atraco, los funcionarios de la asaltada sucursal de Abitab se negaron a firmar el acta de reconocimiento porque se sintieron presionados por los abogados defensores de los sospechosos detenidos que estaban retenidos en la dependencia policial.

Ante la situación, la magistrada Tort decidió pedir a los inspectores de Tránsito que estaban en la esquina de la Seccional 5ª que firmaran un acta mediante la cual manifestaban haber reconocido a los delincuentes que se pretendía apresar.

La presión ejercida por la doctora Tort hizo ceder a los funcionarios municipales.

En la investigación iniciada por la Oficina Jurídica de la intendencia de Soriano, los funcionarios declararon que la jueza Tort les dijo que, si se negaban a firmar el acta de reconocimiento, ella realizaría un informe que remitiría a la Intendencia y además les recordó su condición de funcionarios públicos. Con estos elementos, la Oficina Jurídica de la intendencia redactó un escrito que envió a la Suprema Corte de Justicia a los efectos de determinar si existió abuso de autoridad o presión de la magistrada hacia los dos trabajadores municipales.