
Como lo informara LA REPUBLICA, el hecho se produjo luego que la Justicia dejara en libertad a los dos jóvenes que habían perpetrado una rapiña en la rambla puntaesteña, porque la víctima una mujer extranjera no radicó la denuncia.
Entonces, la policía decidió trasladarlos en un móvil de la Seccional 10ª de Punta del Este hacia el límite con el departamento de Canelones, ya que no tenían dinero para viajar en ómnibus. Cuando iban a descender, apenas cruzaron el Peaje Solís, se produjo un incidente donde uno de los jóvenes forcejeó con la funcionaria policial a la que hirió de un balazo con su arma de reglamento. El individuo fue inmediatamente detenido y un día después procesado con prisión por la Justicia fernandina, en tanto la funcionaria permaneció internada varios días en un nosocomio de la zona, de donde ya fue dada de alta.
Ayer, el presidente del Círculo Policial del Uruguay (CPU), Juan Carlos Zipollini, dijo que si el comando de Jefatura autorizó al comisario Pioli a dejar en libertad a dos personas, llevándolas fuera de los límites del departamento, tiene que tener una respuesta, porque de lo contrario “se tomaron medidas con liviandad”.
El comisario Pioli, fue separado de su cargo este lunes luego de una comunicación recibida en la Jefatura de Policía de Maldonado desde el Ministerio del Interior.
Los oficiales de la policía de Maldonado, analizan la situación, ya que entre otras cosas no se tuvo en cuenta la investigación administrativa de emergencia que estaba siendo enviada a la capital del país por el caso de la funcionaria herida, quien ya fue dada de alta y está recuperándose en su domicilio.
Zipollini reconoció que “en estos casos y dada la gravedad y la importancia de la situación, el mecanismo que se emplea puede ser el que ha ocurrido. Si hay alguna situación que amerite la separación transitoria de un policía para determinar la responsabilidad en el hecho de que se trata, se puede hacer, evidentemente que sí”.
Sin embargo, aclaró que el CPU no tiene conocimiento si todos esos pasos se dieron, “lo único que conocemos, por lo menos la información que manejamos nosotros, es que el comando de la Jefatura habría dispuesto una investigación administrativa para determinar responsabilidades y, en base a eso, sí, después tomar decisiones. Pero, aparentemente, la decisión ministerial apresuró los tiempos y se tomó la medida, por tanto lo que estamos haciendo es tratando de recabar la información necesaria a los efectos de asumir una postura en ese sentido”.
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