Denuncian implicancias entre jefe de Policía y estafador

Los policías de Colonia que fueran estafados por la empresa que construyó sus viviendas estuvieron en la Junta Departamental local. Además solicitaron una reunión con la ministra del Interior. Aseguran que el jefe de Policía de Colonia y el propietario de la empresa que los estafó son amigos.

Escrito por: Gabriel Monteagudo | COLONIA

El pasado martes se reunió una delegación de las viviendas policiales de Colonia, acompañada por la doctora Broni Koprek, con la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de la Junta Departamental.

Los integrantes de la Comisión de los Complejos Habitacionales Sacramento I y II se reunieron con los ediles y se habló de la crítica situación por la que atraviesan, la negligencia del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que se niega a darles una mano, y los cabildeos desde el Ministerio del Interior, presuntamente por la amistad que une al jefe de Policía de Colonia, inspector mayor retirado Ruben Peraza Labat con el empresario Julián Pereira, responsable de la empresa que les vendió “gato por liebre” en la construcción de las viviendas. Como si fuera poco, la Intendencia Municipal de Colonia (IMC) les quiere cobrar alrededor de $ 100.000 por concepto de Contribución Inmobiliaria.

De la reunión con los ediles surgieron tres puntos. Uno refiere a mantener una entrevista con la ministra del Interior, a efectos de darle una solución práctica a los policías involucrados (todos) y denunciar las irregularidades que se estudien oportunamente por acción u omisión. Además piden elevar las inquietudes de los integrantes concurrentes a la Comisión de Viviendas del Parlamento, para su mejor estudio y apoyo (se planteó la posibilidad de una reunión con todos los representantes nacionales del departamento). Y por último “en consideración a la emergencia que viven los policías ante su penosa situación económica y con el fin de considerar firmemente abandonar las viviendas (entregarlas al BHU), se solicitó a la comisión que intercediera con el intendente para agilizar el trámite de la división de padrones, gestión imprescindible que impone el BHU para reconocer la entrega”, dijeron a LA REPUBLICA.

Situación dramática

Milton Ballesteros y su esposa son policías y contaron a LA REPUBLICA que pese a los trámites que vienen realizando “hoy la situación no sólo no ha mejorado sino que empeoró, ya que en el segundo semestre del 2007 nos pasaron a casi todos al Clearing de Informes como deudores, pese a estar cumpliendo con un convenio de pago en la sucursal de Colonia”. Ballesteros señaló que “nunca estuve en el Clearing, y ahora, no sólo estoy impedido de sacar préstamos para sobrevivir, sino que de no pagar la cuota entera de casi $ 5.000, automáticamente lo descontarían de nuestros sueldos (mi esposa, que también es policía, y yo). Para que nos sacaran del Clearing, cosa que en realidad no ocurrió, porque quedó el antecedente, que es lo que a muchas casas de crédito les interesa, tuvimos que pagar dos cuotas juntas, el mismo mes que ya habíamos pagado la cuota del convenio ($ 2.000)”.

Ballesteros afirmó ante la Comisión que fueron a la sucursal Colonia del BHU. “A mi esposa (también titular) le dijeron que era orden de Montevideo. Con fecha 19 de setiembre del 2007, me fui a hablar con la autoridad competente, el escribano Baudo, del Area de Recuperación de Activos del BHU, quien también me expresó que la orden vino del Banco Central y que no podía hacer nada porque el convenio que yo tenía no era válido. Presenté queja mediante nota que fue registrada bajo expediente Nº 819800″, dijo, “de allí me fui a Fucvam y hablé con Miguel Rojas, quien me atendió muy bien y me puso al tanto de mis derechos y de las irregularidades constatadas en el caso Julián Pereira y que elevaría mis inquietudes a la Dirección”, manifestó.

Jefe de Policía tiene “cierta cercanía” con el estafador

Pero el tema no queda ahi. Luego fue abordado por Perazza, “quien realizó una reunión en la Jefatura con algunos policías de las viviendas y reconoció tener cierto grado de cercanía con Julián Pereira, pero que eso no impediría hacer las investigaciones del caso, y dispuso que los subalternos le elevaran por escrito todas las inquietudes con la mayor cantidad de documentación, prometiendo resultados y que hablaría con la ministra del Interior al respecto”, dijo.

La situación también fue denunciada desde sus comienzos en la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Colonia, cuyos miembros también reconocían las irregularidades del caso y se entrevistaron con los ministros del Interior y de Vivienda.

También en materia de trámites con la Intendencia Municipal de Colonia la situación de las viviendas policiales es dramática. “Ni se arreglaron las cosas ni nos permiten rescindir el contrato sin pagar la Contribución Inmobiliaria, que al ser comunitaria asciende a más de $ 100.000″, dijo.