Sindicatos policiales recolectarán firmas contra la Ley de Caducidad

La iniciativa popular contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, más conocida como «ley de impunidad», es impulsada por la coordinadora que preside el doctor Oscar López Goldaracena, un abogado humanitario que es miembro activo del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Los sindicatos policiales decidieron, además, participar mediante delegados del 2º Congreso del Pueblo, a realizarse en junio de 2008 a instancias de la central de trabajadores PIT CNT y de varias organizaciones populares. Es la primera vez en la historia que policías intervienen en un evento sindical.

 

Negociación fructífera con la ministra Tourné

La Conasip nuclea funcionarios policiales que son ajenos por completo a los lineamientos del Círculo Policial del Uruguay (CPU), que integran oficiales superiores del instituto policial contrarios a toda agremiación de los policías en sindicatos que, como la Conasip, estén afiliados al PIT CNT.

Los sindicatos policiales articulados en torno a la Conasip llevan a cabo un conjunto de negociaciones simultáneas con distintas comisiones designadas por la ministra del Interior, la maestra Daisy Tourné, para negociar todas las reivindicaciones salariales, funcionales y laborales del funcionariado.

Como una «negociación fructífera» fue calificado el conjunto de reuniones que los delegados de la Conasip han mantenido con los asesores técnicos de la ministra, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA REPUBLICA entre distintos dirigentes de la organización de los policías sindicalizados.

En tal sentido, la Conasip aprobó ayer una plataforma reivindicativa que será entregada a la ministra Tourné, con amplias posibilidades de lograr un acercamiento entre las partes, según aseguraron los informantes del diario plural. «Sabemos que la ministra está de acuerdo con nuestros planteos».

 

Los siete puntos y un acuerdo casi aceptado

Un salario base de 8.200 pesos para todo policía (el equivalente a un cuarto de la canasta básica familiar) y la refinanciación mediante préstamo del BROU de los 40 millones de dólares que adeuda el 30% de los efectivos por salarios sobregirados, son algunos de los puntos a ser implementados.

Se estima que la refinanciación de las deudas con un préstamo a pagar en 108 cuotas con descuentos salariales sería aplicada a partir de noviembre.

Según versiones en conocimiento de los policías sindicalizados, la ministra habría decidido aplicar el instrumento en la liquidación que cierra el 17.

También habría acuerdo entre los sindicatos y la ministra para ampliar de 40 a 80 las horas de licencia sindical, aunque todavía faltaría establecer un criterio para los dirigentes de Canelones, un departamento heterogéneo y con grandes distancias entre sus ciudades y sus destacamentos policiales.

Además, la ministra estaría dispuesta a gestionar ante el Banco Hipotecario del Uruguay la entrega de viviendas a policías en situación de pobreza. Se trataría de viviendas que nunca fueron adjudicadas y que ahora están bajo la custodia de funcionarios policiales contratados por el artículo 222.

A su vez se estaría por llegar a un pronto acuerdo respecto a la imposición del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los ingresos que los policías perciben por los servicios que prestan por el artículo 222. Un descuento gradual y mensual durante cinco años para la Caja Policial podría ser una solución, ya que los ingresos por 222 no generan jubilación.

Por otra parte, el servicio 222 tendría un jornal único en todo el país y las contadurías de las jefaturas departamentales deberán estudiar un modo para que todos los policías reciban remuneraciones similares, con independencia del poder adquisitivo del lugar donde deban prestar servicio de vigilancia. *