Denunciarán en la Junta a la cárcel de Canelones

De acuerdo a informaciones recogidas por LA REPUBLICA en las últimas horas de la noche de ayer, en la presente jornada se desarrollará un encuentro entre ediles canarios y representantes de distintas congregaciones religiosas que funcionan en el departamento.

La reunión había sido solicitada tiempo atrás por las organizaciones, con el fin de realizar una serie de denuncias sobre situaciones irregulares que se viven puertas adentro de la Cárcel Departamental de Canelones.

Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA señalaron que los religiosos serán recibidos por la Comisión de Asuntos Sociales, que abarca temas relacionados sobre Derechos Humanos.

La concurrencia está prevista para las 19 y 30 horas en la Junta Departamental de Canelones. Los integrantes de las distintas colectividades plantearán, entre otras cosas, la falta de medicación existente en el establecimiento, en especial para los reclusos enfermos de sida. Este tipo de situaciones fue constatado por los propios religiosos, quienes visitan periódicamente a los reclusos y recorren las intalaciones de la prisión.

Se terminó el ayuno

Por otro lado, se supo que ayer fue levantada la huelga que mantenían los presos de la Cárcel de Rivera, tal como lo informara este medio días atrás.

Por gestión de la secretaria de la Comisión de Derechos –Susana Carballal–, en primera instancia, mandatada por el presidente de dicho cuerpo, diputado Guillermo Chifflet, y luego de la gestión efectuada por el propio Chifflet, quedó sin efecto la huelga de hambre «seca» que venía realizando Jorge Luis Píriz Viera.

A pesar de que el detenido ya había cumplido la condena por la que fuera procesado en Uruguay, se le mantenía desde hace ocho meses en prisión preventiva por un pedido de extradición cursado por las autoridades argentinas. Píriz Viera había cometido un delito menor en Buenos Aires por el cual estuvo procesado sin prisión.

Su abogado, en virtud del caso, se opuso a la extradición y presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones, que aún no se ha pronunciado. Otro caso por el que se interesó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue el del detenido Jorge Lima, condenado a siete años de cárcel. El hombre ya cumplió cinco años y cinco meses de su condena y apesar de haberlo solicitado no ha podido hablar con el juez.

Consultado, Chifflet destacó la buena disposición de las autoridades carcelarias de Rivera, que han permitido la conversación telefónica con los detenidos.

En Rivera están más acentuados que en el resto del país los procesamientos pendientes de resolución. Es así que los presos pueden pasar cuatro o cinco años sin condena.