Empresas uruguayas implicadas en importación irregular de chalecos antibalas a "la bonaerense"

La Justicia penal de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, viene investigando una presunta defraudación millonaria que se habría cometido en la compra de chalecos antibalas por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Esa cartera está siendo investigada por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, ya que habría obrado como importador de chalecos que fueron vendidos al Ministerio de Defensa de la Nación, a la Policía Federal y al Ministerio de Salud bonaerense.

Según un informe publicado en el diario «El Día» de la vecina orrilla, el juez federal Sergio Torres afirmó que una investigación preliminar reveló que entre agosto de 2003 y abril de 2004 numerosos cargamentos de materiales para fabricar chalecos antibalas fueron exportados desde Argentina hacia una Zona Franca de Uruguay.

En esa época, el Ministerio de Seguridad bonaerense estaba encabezado por Juan Pablo Cafiero, quien hacia fines de 2004 fue reemplazado por León Arslanián, actual titular de la cartera.

«El importador de dichos insumos fue la firma uruguaya Distritade SA, donde fueron confeccionados los chalecos», se afirmó en la resolución judicial. Además, se destacó que la mercadería fue vendida y exportada por la firma uruguaya Valdiviano SA, siendo comprada e importada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

 

Sobreprecios

El juez Torres detalló que «habría algunos indicios de que otros productos también podrían haber sido importados por distintos organismos públicos de nuestro país, ya que no todas las facturas comerciales emitidas por el vendedor de chalecos fueron extendidas al Ministerio de Seguridad bonaerense, aunque ese organismo fue declarado como importador».

En la Justicia de Capital Federal se descartó el delito de contrabando o vulneración del normal control aduanero, como se había denunciado, pero se decidió remitir lo actuado a la Justicia platense para que investigue el presunto pago de sobreprecios, que habría ocasionado un perjuicio al Estado argentino.

En la investigación previa se dictaminó que se habrían exportado a Uruguay insumos para los chalecos por unos U$S 2.300.000 y luego importado esos productos ya armados por una suma cercana a los U$S 6.800.000. Voceros judiciales adelantaron que los fiscales también investigarán si los chalecos antibalas adquiridos reúnen los requisitos previstos por los organismos que regulan su uso. *