Diputados opinan sobre la rehabilitación en las cárceles

El asesinato de la pequeña no representa un hecho aislado. El mes pasado, en la zona de La Boyada, el cuerpo sin vida de Angélica Daviana Belén, de cinco años, fue encontrado en un terreno baldío al costado de una palmera, con signos de haber sido violada y estrangulada. Esa vez, el violador y asesino había sido un vecino.

La violencia, en todas sus variantes, parece haberse instalado en la sociedad uruguaya con inusitada saña hacia los más desprotegidos y, lo que es peor, la situación lejos de mejorar tiende a profundizarse. La ausencia de valores, sumada a la falta de políticas eficientes en la rehabilitación de los reclusos, parecen ser las principales causas.

«Establecimientos de corrupción»

El diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Guillermo Chifflet, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, sostuvo que «más allá de la voluntad de la Comisión de Derechos Humanos y de la preocupación del propio ministro Stirling, en las cárceles no conseguimos rehabilitar a la gente porque no se cumple con las disposiciones legales y contitucionales».

Chifflet dijo a LA REPUBLICA que «a pesar de todas las informaciones que nos llegan de diferentes organismos, hemos sostenido que la Constitución y la ley establecen cosas muy claras en el sentido de la necesidad de rehabilitar y hacer seguimientos psicológicos multidisciplinarios del recluso, del medio al que se va a reintegrar y de sus salidas previas. En Uruguay no existe voluntad política para que los establecimientos carcelarios no sean otras cosa que establecimientos de corrupción».

A juicio del legislador existen varios factores en torno a esta problemática. «Existe hacinamiento, falta de asistencia y carencias de estudios psicológicos como corresponde. Si se cumplieran todos estos extremos es muy difícil que salga en libertad una persona con esas deformaciones. Habría que consultar a psiquiatras sobre si una persona, luego de cumplir su condena, tiene posibilidades de volver a reincidir».

«Fortalecer Criminología»

El diputado colorado Alberto Scavarelli, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, dijo a LA REPUBLICA que la Constitución de la República prevé para la privación de la libertad como sanción dos objetivos claramente definidos. Por un lado, el aseguramiento del detenido por disposición judicial y, en segundo lugar, la rehabilitación del reo.

Para que esto suceda, Scavarelli cree que el tema pasa, fundamentalmente, por el fortalecimiento de los institutos que tienen a su cargo el diagnóstico de información respecto a las condiciones de quien va a ser excarcelado, especialmente el de Criminología.

«Existen dos situaciones: las que tienen que ver con las libertades que se dan con anticipación a la fecha que prevé la sentencia, o aquellos que gozan del beneficio de libertad anticipada. En cualquiera de estos casos, el informe criminológico es muy importante para que el juez evalúe con precisión las posibilidades de rehabilitación», afirmó el legislador. Sin embargo, Scavarelli sostuvo que es un tema «harto riesgoso en el mundo» ya que se hace difícil determinar el grado de peligrosidad de una persona al momento de ser excarcelada.

«Es un proceso muy complejo», opinó, «ya que además operan procesos psicológicos internos difíciles de detectar. En ninguna parte del mundo el régimen carcelario constituye un instrumento eficiente de rehabilitación. Son, antes que nada, un instrumento de aseguramiento del individuo privado de libertad. No digo que sea imposible, de hecho existen ejemplos de personas que se han rehabilitado, pero es un proceso muy difícil. Habría que realizar un seguimiento a nivel social y de hábitat, así como un perfil psicológico de la persona que recupera la libertad», señaló Scavarelli.