Rafael Nieto Loaiza, experto internacional en políticas de seguridad ciudadana, reclamó atender "la realidad de cada país"

"La tolerancia cero no es aplicable a nuestros países"

En su visita a Uruguay para participar del Seminario Violencia, Seguridad Ciudadana y Convivencia Democrática, dio su única entrevista para un medio escrito a LA REPUBLICA. En ella, Nieto Loaiza hizo hincapié en que la Policía es un componente de una estrategia de Estado en materia de seguridad ciudadana, siendo fundamentales otras facetas como la educación, la salud, las condiciones socio-económicas y el nivel de apertura política e instancias de participación ciudadana que se tenga en cada país. El experto consideró que el sistema de tolerancia cero aplicado en New York «termina atentando contra los Derechos Humanos y no es aplicable a nuestros países».

–¿Cuáles son a su entender los principales puntos de relacionamiento entre la Policía como institución y el resto de la sociedad para obtener resultados positivos en materia de seguridad ciudadana?

–En primer lugar nuestra sociedades se han esforzado en centrar los problemas de seguridad ciudadana en la Policía y esos problemas trascienden a la Policía, que es sólo un componente, muy importante por supuesto, de lo que debe ser una estrategia de Estado en materia de seguridad ciudadana.

Esta estrategia tiene que centrarse en distintas facetas del problema de seguridad ciudadana, en educación, salud, condiciones socioeconómicas, nivel de apertura política e instancias de participación ciudadana, drogas, accidentalidad vehicular, administración público y Policía. Son todas facetas de la seguridad ciudadana, la Policía es una muy importante, pero solamente una de ellas. La primera tarea para nuestros países es diseñar políticas estatales en materia de seguridad ciudadana, en la cual participan la sociedad civil, el legislativo, el ejecutivo y la Policía dentro de este poder, y la rama judicial. Estrategias que deben ser proyectadas a mediano y a largo plazo, no solamente como soluciones de coyuntura, que contemplen todas las variables y todos los escenarios, que determinen los recursos de información, tierra, tecnología, materiales y equipos, dinero y recursos humanos que se requieren para atender los problemas de seguridad ciudadana. Además tienen que ser apolíticas, pluripartidistas y contruidas sobre una perspectiva de servicio público democrático y respetando los derechos humanos. Si una estrategia no tiene esas características estará coja, y esa es la primera gran tarea.

–¿Esas otras tareas cuáles son?

–La segunda tarea es recuperar la dignidad del quehacer policial, y la dignidd del ser policial. Si nuestras policías se siguen viendo como una necesidad que hay que tolerar por parte de los ciudadanos, como un mal menor y no como un instrumento útil del servicio público para la seguridad, que debe ser valorado y apreciado socialmente, nuestros policías y las instituciones policiales no tendrán los suficientes incentivos para cumplir de manera cabal y adecuada su tarea de proporcionar seguridad a los ciudadanos. Ese proporcionar dignidad supone la profesionalización a fondo del funcionario policial, la entrega de buenos salarios y prestaciones sociales adecuadas y una formación totalmente distinta para nuestros policías.

La tercera tarea: hay que crear fuentes de comunicación y trabajo común entre las comunidades y las policías, trabajos de policía comunitaria y en general de relaciones de la policía con la comunidad resultan fundamentales para modifcar el entorno de las relaciones entre sociedad y Policía. Resumiendo entonces tenemos estrategias nacionales de seguridad ciudadana, recuperación de la dignidad del ser y del quehacer policial y establecimiento de un nuevo parámetro de relaciones entre comunidad y Policía; esos son los elementos que considero fundamentales para modificar la relación que se da entre la sociedad y los cuerpos policiales en América Latina.

¿De qué manera influye en estas políticas de seguridad ciudadana el aumento de las empresas de seguridad?

–El aumento del número de empresas y de la cantidad de miembros de las mismas responde a dos realidades que son complementarias, por un lado a la debilidad de nuestros cuerpos policiales y por el otro lado a un aumento cada vez mayor, que crece casi en términos geométricos, de demanda de seguridad por parte de la población. Frente a la incapacidad de la Policía de poder responder a esas demandas, hay un ejercicio de prestación suplementaria por parte de las agencias privadas de seguridad a esas necesidades de seguridad de los ciudadanos.

–¿Qué lineamientos son los fundamentales de las políticas de seguridad ciudadana en Colombia?

–El fenómeno colombiano es muy complejo porque las realidades de la seguridad en Colombia son probablemente las más difíciles del continente. Usted encuentra ahí un fenómeno del narcotráfico en todas sus facetas, de cultivo, producción y distribución de drogas muy difícil, además de que el narcotráfico está vinculado a los grupos de autedefensa de la derecha, pero también con los grupos guerrilleros, usted tiene grupos de autodefensa y grupos guerrilleros, tiene una delincuencia organizada que creció al amparo del narcotráfico y que hoy tiene relaciones de connivencia también con los grupos guerrilleros, de manera tal que un buen número de secuestros los cometen bandas privadas de delincuentes para después vender al secuestrado a la guerrilla. También tiene que por cuenta de la focalización excesiva en el tema del narcotráfico de los cuerpos policiales, los otros fenómenos de delincuencia crecieron. A eso agréguele los factores adicionales en materia de seguridad ciudadana, que tracienden el problema delictivo y se va a encontrar en una situación terriblemente compleja. Por tanto me parece que la situación colombiana no puede ser usada de modelo en términos de seguridad ciudadanas, excepto en aquellas cosas que son suceptibles de ser comparadas y eventualmente de ser implementadas haciendo modificaciones culturales y de la realidad que exija cada uno de nuestros países. En ese esquema lo que resulta cierto y más destacable es que la Policía fue capaz de enfrentar un proceso de reforma interna en los últimos seis años a fondo y con muy buen éxito. La Policía colombiana a mediados de 1994 era la segunda institución más desprestigiada y criticada del país, solamente el Congreso estaba peor visto a los ojos de los ciudadanos, y a finales de 1999 la Policía es la primera institución pública en credibilidad y aceptación ciudadana y la segunda en términos nacionales, sólo después de la Iglesia Católica…

–Usted ha trabajo sobre estos temas en Centroamérica. ¿Son diferentes las realidades a nivel de seguridad ciudadana en cada país?

–Definitivamente sí. Una de las cosas que uno aprende comparando es que las realidades de seguridad son muy distintas en cada uno de los países del continente y por lo tanto no hay modelos de seguridad aplicables de manera repetida y sin ajustes. Cada realidad nacional exige un modelo de seguridad que esté de acuerdo a dicha realidad y en ese sentido la clave es aprender de la experiencia comparada, para tomar aquello de esa realidad que sea útil, pero ajustándolo y construyendo desde la perspectiva de la cultura nacional y de las realidades y necesidades que en materia de seguridad vive cada uno de estos países.

–Viviendo en Estados Unidos, ¿qué opinión le merece el sistema de tolerancia cero aplicado en New York?

–La tolerancia cero es la perversión de una teoría diseñada por un sociólogo americano que planteó primero en un artículo y después en un libro llamado «Arreglando las ventanas rotas», que era necesario atacar los pequeños problemas de la convivencia ciudadana como un mecanismo para evitar la
reproducción de conductas asociales que incluso podían llegar a ser delictivas en el trancurso del tiempo. La intención era llevar la Policía a las comunidades, atacar esos fenómenos de anomalía social y de infracción no necesariamente de delito, como un mecanismo básico de prevención de la actividad delincuencial posterior. Pero la tolerancia cero es la perversión de ese sistema y ha llevado finalmente, en una discusión que se está teniendo a fondo en los Estados Unidos, a prácticas discriminatorias por parte de la Policía, sobre la base de que son los parámetros de raza, el ser negro o latino fundamentalmente, o la ubicación geográfica, los barrios más malos o más pobres, lo que determinan los riesgos. En ese sentido terminamos identificando al eventual delincuente como latino o negro, es decir como una minoría; o como el pobre porque está situado una zona marginal o de pobreza en las ciudades. Definitvamente la tolerancia cero como política de seguridad ciudadana termina atentando contra los Derechos Humanos y no es aplicable a nuestros países.

–¿De qué forma afectaron a la seguridad ciudadana los graves problemas políticos que hubo en Paraguay?

–Los problemas políticos, incluyendo el asesinato del vicepresidente Argaña y el asesinato en una manifestación de varios de los manifestantes por parte de la Policía, fue lo que generó la conciencia dentro de la institución policial y en el Ministerio del Interior del Paraguay de la necesidad del cambio. Fueron esas circunstancias de carácter político y esos hechos desafortunados en la represión de las manifestaciones públicas posterior al asesinato de Argaña, las que han generado la toma de conciencia en Paraguay sobre la necesidad de reestructurar a fondo la institución policial y en ese trabajo estamos.

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