Encarcelan a ex funcionarios municipales de la anterior administración nacionalista

El fiscal de la causa, doctor Gustavo Zubía, había solicitado meses atrás el procesamiento del responsable del área de Vivienda de la administración Antía y ex dirigente de Adeom, JC y de la funcionaria de la misma repartición SG, y este miércoles se conoció la sentencia que determinó el procesamiento con prisión de ambos, imputados de los delitos de hurto, certificación falsa por un funcionario público por un concurso formal, con un delito de fraude en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de concusión.

La tercera funcionaria involucrada en el mismo caso, SM, resultó procesada como autora responsable de los delitos de fraude en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de concusión.

Los tres estaban involucrados en la asignación irregular de viviendas construidas por el municipio, lo que quedó al descubierto tras una investigación administrativa iniciada en el mes de marzo del año 2005.

Con el voto de sus 31 ediles, la Junta Departamental de Maldonado aprobó el pasado martes 21 de marzo, el pedido elevado por el Ejecutivo para destituir al ex director de Vivienda de la anterior administración JC y a la funcionaria SG, implicados en una serie de hechos irregulares en la adjudicación de viviendas durante el quinquenio pasado.

JC ya enfrentaba entonces un pedido de procesamiento y prisión solicitado por el fiscal Gustavo Zubía, a raíz de la denuncia penal realizada un año atrás por la Intendencia de Maldonado en relación al mismo tema.

El desleal funcionario que ocupó un alto cargo en el área de Vivienda (dependiente de la dirección general de Promoción Social a cuyo frente estaba Oscar Olmos, hoy edil del PN) durante la administración Antía, fue separado del cargo en abril del año pasado junto a las otras dos funcionarias municipales ahora procesadas, en tanto posteriormente fue enviado a cumplir tareas en el parque El Jaguel. Esto ocurrió al concluir la investigación administrativa relacionada con el otorgamiento irregular de soluciones habitacionales, que fue solicitada por otro jerarca de la repartición, quien había recibido una serie de denuncias de damnificados por las supuestas maniobras.

 

Cobraban por viviendas municipales

El proceso se inició cuando la titularidad del municipio era ocupada por Luis Eduardo Pereira, ante la renuncia presentada por el ingeniero Enrique Antía quien pugnaría por su reelección a nivel departamental.

La medida fue adoptada ante una catarata de denuncias formuladas contra los tres funcionarios, acusados del cobro ilegal de dinero para agilizar el acceso a viviendas que el municipio entregaba por ese entonces en distintas localidades del departamento. El ex jerarca de Vivienda, según las investigaciones, cobró entre 500 y 1.000 dólares a familias muy humildes, para otorgar soluciones habitacionales que habían sido construidas con los dineros del pueblo. Empero, JC por entonces no era el único involucrado en las maniobras, sino que dos funcionarias cercanas a su gestión, SG y SM (contratada) también aparecieron implicadas. A la última de las mencionadas, no se le renovó el contrato por lo cual ya no integraba los cuadros del municipio cuando los dos restantes funcionarios fueron destituidos. JC también había sido acusado de irregularidades en el otorgamiento de al menos una vivienda municipal en el populoso barrio Cerro Pelado, que ya tenía dueño aunque al momento no la estaba habitando.

La casa, coincidentemente, fue adjudicada a la ex esposa de JC, quien estaba a punto de ser desalojada con sus hijos. El director de Promoción Social de entonces, Oscar Olmos, defendió la «gestión» de JC, y aseguró que se trataba de una emergencia; alegó además que el hecho de que fuera su ex mujer era sólo una coincidencia, y que en realidad se trataba de un comodato por tres meses ya que la vivienda había sido recuperada por el municipio. *