Tocata y fuga en Rivera: 16 a la prisión por megaevasión y hay 7 empresarios prófugos

Como adelantó LA REPUBLICA, que disparó la investigación, es la propietaria de un estudio contable, esposa de un funcionario de la DGI, quien detectó facturas por montos importantes de empresas desconocidas. De inmediato procedió a consultar a sus clientes, quienes al verse descubiertos decidieron retirar la documentación. Esto fue puesto en conocimiento de su esposo, quien consultó a las autoridades de Impositiva, que dispusieron se realizara la denuncia correspondiente en dependencias de la Jefatura de Policía.

El propio jefe de Policía, inspector principal (r) Juan Carlos Soto, al ver la gravedad del caso se contactó con el juez en lo penal de 1er. Turno, Federico Alvarez Petraglia, y entre ambos coordinaron las acciones. Las mismas fueron dirigidas en principio hacia las personas propietarias de empresas que eran administradas por el Estudio denunciante, por lo que de inmediato y contando con el apoyo de personal especializado de la DGI comenzó una serie de allanamientos y detenciones en diversos puntos del departamento, llegando al final del día jueves con 10 personas detenidas, incluidos la denunciante y su esposo, en dependencias de Jefatura, y varios emplazados, los que deberían presentarse ante el magistrado desde las primeras horas de la mañana del viernes.

 

«O trabajo en negro, o cierro»

Las primeras horas de la mañana del viernes fueron pautadas por una nutrida presencia de público frente a la sede judicial y una ola de rumores que invadió el departamento, ya que se veían policías por todos lados, manejándose además nombres de personas detenidas sin el menor fundamento. Los abogados defensores se hicieron presentes y desde temprano se supo que serían varios los procesados debido a la contundencia de los hechos comprobados, incluso por varios de los inculpados, uno de los cuales le habría manifestado al juez Alvarez Petraglia «esto es clarito, o trabajaba en negro o tenía que cerrar».

Por otra parte, uno de los detenidos CDPR, propietario de una agencia de viajes, encargado de manejar el dinero de la organización, llegó incluso a aportar las boletas de giro del dinero que era enviado a la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, que era donde se imprimía parte de las facturas. Desde allí se condujo a una persona de iniciales FCC, quien desde su computadora diseñaba las facturas, las cuales eran luego impresas, armadas y enviadas a Rivera. En Rivera eran recibidas y distribuidas por RABR y PEFB, contando con la participación de otras personas que oficiaban de «pasadores» en diferentes comercios del departamento.

 

Entre prófugos y procesados

Lo intrincado de la maniobra y el hecho de que el número de «receptores» llegara de acuerdo con los cálculos no oficiales a 50, obligó al magistrado y a los investigadores a manejarse con suma cautela. Las declaraciones de los principales implicados determinaron nuevas detenciones y allanamientos y recién sobre las primeras horas del mediodía del viernes se tomó conocimiento del grado de responsabilidad de varios de los detenidos, deslindándose otros, entre los que se contaba la denunciante y su esposo. Se supo, además, que varias personas, sabiéndose involucradas, cruzaron a la vecina Santana do Livramento, comunicando a sus abogados que sólo vendrían «cuando esto se calme». Al final de la tarde del viernes, el doctor Federico Alvarez Petraglia resolvió el procesamiento con prisión de 16 personas: RABR de 36 años, PEFB, de 40 y CDPR de 46, imputados de «un delito continuado de receptación en concurrencia fuera de la reiteración con la coautoría de un delito de defraudación tributaria y un delito de asociación para delinquir». WR, de 27 y CLM, de 30, fueron imputados de un delito de receptación. JCS, de 37, Grdlqr de 41, su hermana Madlqr, de 45, RFSV, de 33, y su hermana CRS de 23, fueron procesados por un delito de falsificación o alteración de certificado en calidad de coautor en concurrencia fuera de la reiteración con la coautoría de un delito de defraudación tributaria.

La lista continúa con EPL de 59, MFPL de 33 años, de profesión abogado, imputados de un delito de falsificación o adulteración de certificado en calidad de coautores en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de defraudación tributaria. FCC, de 52, quien fuera conducido desde Rosario, fue imputado de coautor de un delito continuado de falsificación o alteración de certificado y un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de defraudación tributaria en calidad de coautor.

En tanto, OHTG, de 44 años, JARC, de 53, resultaron procesados por un delito de falsificación o alteración de certificado y ERQA, de 56, fue imputado de un delito continuado de falsificación o alteración de certificado», siendo todos alojados en la cárcel pública departamental. Para mañana lunes ya hay cinco personas emplazadas y no se descartan las detenciones de otros siete implicados en las maniobras.

A este procedimiento que aún no ha terminado deben sumarse otros de gran repercusión en Rivera, como el procesamiento de 28 ediles por estafas y 30 individuos por tráfico de autos. «Duermen colgados de una percha, la cárcel está que explota», comentó un oficial de Policía. *