Policía que vive en un asentamiento del Cerro se defiende de "injusta acusación" de subcomisario

El policía que cumple funciones en la Jefatura de Canelones –cuya filiación LA REPUBLICA mantiene en reserva a su expreso pedido– está actualmente sumariado y separado del cargo. Según la denuncia el agente fue acusado injustamente por un subcomisario, en aquel entonces encargado del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de la Costa.

«Me acusó de ser drogadicto, sin embargo en el Hospital Policial se me hicieron todos los exámenes y se comprobó que nunca había consumido droga alguna, es decir que hasta ahora no se ha probado científicamente la injusta acusación», alega el policía. Por dicho motivo el policía fue sumariado a nivel administrativo con una sanción de ocho meses. Además, el policía cuenta que del interior de dicho destacamento policial le fue robada su arma de reglamento en el mes de agosto del año pasado y por ello tuvo otra sanción de seis meses, y el pasado 26 de marzo fue separado del cargo con retención de medio sueldo.

El policía dice: «No tiene explicación lo ocurrido con mi arma de reglamento. Lo que sí es seguro es que entré al destacamento con ella en mi mochila y nunca más se la volvió a ver».

Cuenta que con anterioridad a estos sucesos ya tenía otra actividad laboral en una empresa y «he podido mantener a mi familia y seguir siendo un hombre respetable a pesar de las acusaciones y agujeros negros en los que me envolvieron en el destacamento donde prestaba funciones».

Cabe destacar que previo a la separación del cargo fue transferido a una comisaría que no sólo le queda muy distante de su domicilio, sino también del destacamento donde prestaba funciones y del trabajo que ya tenía y aún mantiene. «Es como si quisieran alejarme de la zona y complicarme aun más la vida», dice.

El 28 de agosto de 2005 el policía recibió un llamado de su señora quien le contó que habían robado en su casa. Cuenta el agente que ese día «desde mi trabajo particular -ya que estaba sumariado y cobraba medio sueldo, percibiendo por intermedio de la Jefatura de Canelones la suma de 1.500 pesos- llamé a la Seccional 24ª para que asistieran a mi familia que se encontraba sola (esposa e hijo de 10 años). Lo hice en más de cuatro ocasiones pero el móvil policial recién apareció dos horas después». Cabe destacar que su domicilio se encuentra a unas 15 cuadras de la Seccional 24ª del Cerro y que su trabajo actual es en la Ciudad de la Costa, lo cual le implica más de una hora y media de viaje en un ómnibus.

«En la madrugada del día 31 me encontraba realizando un servicio de sereno, para ganar unos pocos pesos más, para sustentar a mi familia. Me apedrearon la finca y rompieron los vidrios de una ventana. Mi esposa llamo al 911 y la patrulla llegó a los 45 minutos».

El policía vive en un asentamiento en la zona del Cerro que se encuentra en Santín Carlos Rossi y la Ruta 5.

En torno a la situación que atraviesa el agente se pregunta «¿qué hace el Ministerio del Interior y el gobierno para terminar con la situación de que policías vivan en asentamientos donde se sabe que son mal vistos por una parte de los habitantes de los mismos, donde ni siquiera sus propios compañeros de trabajo, independientemente de donde cumplan funciones, los asisten en forma inmediata?».

«¿Es justo que una persona que trabaja para cuidar la seguridad de sus conciudadanos tenga que vivir en estas condiciones? Que con una antigüedad en la Policía de 30 años en los que nunca estuvo separado del cargo tenga que vivir en estas condiciones», agrega.

Según la información recogida por LA REPUBLICA, el policía acumuló en su legajo 159 actuaciones positivas en los últimos 15 años, con un total de 309 puntos a favor que se contraponen con los 72 días de sanción por los hechos mencionados. *