Batlle quiere penas más severas para porte y tenencia de armas

La primera iniciativa eleva la pena en un tercio en su mínimo y en su máximo, en caso de que el delito se cometa con violencia o intimidación mediante el uso de armas de fuego.

El proyecto de ley establece una pena de 3 a 24 meses de prisión para aquella persona que porte un arma de fuego y se encuentre sujeto a un procedimiento penal aún sin clausurar, o quien registre antecedentes penales cuya data no exceda el término de cinco años.

El proyecto describe que serán imputados aquellos individuos que registren algunos de estos delitos: asociación para delinquir, rapto, violación, atentado violento al pudor, corrupción y proxenetismo, privación de libertad, sustracción o retención de una persona menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores, violencia privada, homicidio, lesiones personales, lesiones graves, lesiones gravísimas, muerte ultraintencional, traumatismo, violencia doméstica, riña, hurto, rapiña y rapiña con privación de libertad y copamiento, extorsión, secuestro y receptación.

Derecho básico

«Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad y seguridad, y dichos derechos son puestos en evidente peligro, cuando un individuo con profusos antecedentes penales o estando imputado de delitos graves, convive con otros portando un arma o comete un delito violento mediante la utilización de armas de fuego», señala la exposición de motivos elaborada por el gobierno.

Agrega que la «constante y en aumento presencia de un arma de fuego en la comisión de delitos, con el consiguiente riesgo para la integridad física e incluso para la vida de las víctimas, justifica plenamente una mayor severidad de trato para quienes utilicen o porten armas de fuego».

En la exposición de motivos se explica que en los primeros seis meses de este año la Jefatura de Policía de Montevideo incautó más de 800 armas. En este lapso de tiempo «utilizando armas de fuego se han registrado 2.300 rapiñas, 45 homicidios, y se manifiesta un incremento en el uso de armas de fuego por parte de menores (3.036 casos en 1999 y 2.206 en los seis primeros meses del año 2000)».

Se destaca además que «más de la mitad de las armas decomisadas tienen origen ilegal, es decir que las personas a quienes se les retiraron no contaban con la documentación exigida de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico».

Ampliación

Por otro lado, el presidente de la República, Jorge Batlle, amplió ayer por decreto los controles para toda aquella actividad que tenga que ver con centros nocturnos vinculados con la prostitución.

Con el fin de «comprender a otros establecimientos que se han desarrollado en los últimos tiempos y que prestan análogas actividades», el gobierno decretó que los cabarets, dancings, boites, prostíbulos, hoteles de alta rotatividad, casas de huéspedes, de citas o amuebladas, ni ningún establecimiento donde se desarrollen actividades análogas, cualquiera sea su denominación comercial o pública con que se den a conocer los mismos, no podrán funcionar sin la autorización que, «con carácter precario y revocable, concederán las jefaturas de Policía en cada caso». Por ejemplo esta modificación determinará que, de ahora en más, las casas de masajes deban pedir esta autorización para poder funcionar, ya que la redacción del anterior decreto era muy específico sobre los locales que debían pedir autorización y estas no estaban incluidas.