Una operación del combate del ejército de Brasil cercó la frontera uruguaya en busca de traficantes de armas

Desde las últimas horas del pasado miércoles fueron desplegados en Río Grande do Sul  comprendiendo los límites fronterizos de Aceguá y Yaguarón en lo que respecta al departamento de Cerro Largo  cientos de efectivos militares de la Tercera Brigada de Caballería Mecanizada, quienes con el apoyo de los organismos públicos, Policía Federal y Estadual; Brigada Militar y Receita Federal, vienen cumpliendo un férreo control apuntando fundamentalmente -según dicen- al tráfico irregular de vehículos, contrabando de armas y tráfico de droga.

Cabe acotar que en esta zona fronteriza, las autoridades brasileñas ya llevan más de mil vehículos fiscalizados y habrían incautado armas y otras mercaderías, carentes de la documentación correspondiente.

«Esto es tremendo, parece un simulacro de guerra», dijeron vecinos de la ciudad de Río Branco, desde donde se visualizaron los carros blindados y parte del contingente de 1.500 soldados que se desplegaron en una amplia faja fronteriza y controlaron autos y personas que salían de territorio uruguayo. Teniendo en cuenta que sobre el extremo del puente Maguá en territorio brasileño, se habían instalado tres tanques de guerra, tipo cascabel, y otro armamento pesado de guerra y unos 60 efectivos fuertemente armados que custodiaban la escalinatas de la estructura hormigonada en su pasaje al Brasil. Revisaban palmo a palmo todo persona que ingresaba y salía de territorio norteño.

Como se recordará y tal cual lo ha informado LA REPUBLICA, desde el vecino país se insiste en que desde Uruguay se deriva gran parte del armamento de grueso calibre que utiliza el crimen organizado en la Ciudad de San Pablo, donde los atentados con quema de ómnibus, sedes policiales y asesinatos callejeros pusieron en jaque a las autoridades norteñas.

En tal sentido se ha señalado a la frontera Río Branco-Yaguarón, como uno de los puntos utilizados por la delincuencia para abastecer de armas al Comando que tiene a sus principales líderes en prisión, desde donde han ordenado los ataques.

Los operativos que viene cumpliendo el grupo de fuerzas brasileñas permitieron también en las últimas horas la incautación en un asentamiento de la localidad de Hulha Negra -distante unos cien kilómetros de la frontera uruguaya- de importante cantidad de armas de grueso calibre y municiones de distinto tipo.

Finalmente se supo desde el vecino país que la operación combinada de combate al ilícito transfronterizo continuará por tiempo indeterminado teniendo en cuenta la magnitud de poder de fuego y movilización con que cuenta en crimen organizado, una preocupación superlativa del gobierno norteño.

 

La advertencia

El pasado 27 de julio LA REPUBLICA elaboró un amplio informe sobre la situación. Se decía que el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal que tiene en jaque a las autoridades de San Pablo, se hace cada vez más fuerte con armas que llegan desde Uruguay. Al menos esa es la visión que tiene la policía brasileña que intenta por todos los medios cortar la ruta de contrabando que, según dice, cruza la frontera por Río Branco.

Para el 13 de agosto el grupo criminal amenaza con otra ola de atentados en la capital industrial de Brasil.

Con la intención de formalizar una Organización No Gubernamental (ONG) y con constantes cambios en su hoja de ruta de tráfico de drogas y armas, el Primer Comando de la Capital crece y prospera a pesar de la fuerte resistencia que pone la Policía Federal del Estado de San Pablo. Sumamente organizado, con una capacidad de fuego que sorprendió hasta a los más escépticos que juraban que no podían aguantar más de una semana de «guerra» contra los uniformados, el PCC sigue sembrando el terror en decenas de barrios de la capital paulista.

La organización cuenta con abogados, escribanos, contadores, doctores y profesores que preparan un estatuto que piensan presentar ante las autoridades de Brasil para legalizar sus actividades como ONG. «Estamos en condiciones de formalizar nuestro grupo. Ayudamos a los pobres, les brindamos estudios a los más necesitados. Eso es algo que el gobierno no hace. Nosotros estamos cubriendo las fallas que el actual presidente no pude cubrir», dijo Anco Marcio Pereira Maia, de 28 años, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital, detenido hace algunos días por las fuerzas especiales del país norteño.

El propio detenido dijo que si las autoridades gubernamentales no están en condiciones de aceptarlos como Organización, ellos están dispuestos a librar una batalla a gran escala. Escuchas telefónicas de la policía Federal, confirmaron que para el mes de agosto más precisamente para el día 13, por tratarse del día del padre se estaba planeando una rebelión general en las cárceles del estado de San Pablo, «explotando» el mismo día en que se planeaba atacar las redes del tendido eléctrico para dejar a más de medio Estado sin energía.

«Dejamos a papá sin luz y salvamos a los hijos», dijo uno de los líderes del PCC que cumple condena por homicidio en la cárcel municipal de São Carlos, una ciudad ubicada a 200 kilómetros de la capital del estado.

Algunos legisladores que forman parte del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, ya dieron el visto bueno a la formación de la organización no gubernamental que podría pasar a llamarse «Perdón al Ciudadano Condenado», las mismas iniciales del Primer Comando de la Capital.

Esto hizo que la oposición del actual presidente brasileño criticara la medida y exigió acaloradamente que se investigue a otras ONG, principalmente la «Nueva Orden», una estructura legal que tiene como director a un ex policía que estuvo preso entre 2002 y 2005 y que podrían estar ayudando económicamente al PCC.

 

El «paso» uruguayo

El arsenal que guarda la organización delictiva es de temer. Rifles Ak-47, subfusiles israelíes tipo Uzi, ametralladoras P-90, pistolas y granadas forman parte del «equipo» de combate con el que cuenta el PCC.

Según los investigadores del país vecino, lo esencial es «cortar el tráfico de armas que proviene, principalmente de Paraguay y Uruguay». Los oficiales dijeron que desde territorio guaraní ingresa a Brasil el 66% de las armas ilegales, y destacaron que la frontera de Río Branco-Yaguarón es una «constante en el tráfico de armas cortas». Esta acusación no es la primera vez que gira en boca de la policía federal brasileña.

Desde que el 12 de marzo un grupo especial de la Comisión Parlamentaria Brasileña Investigadora del Tráfico de Armas encontró en un maletín con doble fondo ocho armas cortas que provenían de territorio uruguayo, las acusaciones no cesaron. Un diputado del vecino país afirmó que «es necesario y urgente instrumentar en los pasos de frontera equipos de rayos X, o un dispositivo similar que permita la inspección y verificación de dobles fondos en los baúles de camiones utilizados para el transporte de drogas y armas».

La situación no cambió. Los rayos X siguen faltando y las investigaciones no arrojaron resultados contundentes. Desde aquel momento hasta el día de hoy no se encontraron armas y las acusaciones no han tenido fundamentos.

«Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Filipinas y Uruguay son los países que nutren de armas al Primer Comando de la Capital», afirmó un delegado de la policía del sur del estado de San Pablo.

 

En territorio guaraní

En las últimas hora se descubrió que el PCC ya tiene un brazo que controla el tráfico de droga en Paraguay.

Según un informe de la agencia Ansa, el juez federal Odilon de Oliveira, del estado de Mato Grosso do Sul, determinó
que el PCC tiene un líder en Paraguay, llamado Nilton César Verón, quien acusado de narcotraficante se encuentra detenido en una prisión de Asunción.

Verón fue capturado en enero de 2005 con 102 kilogramos de cocaína en el distrito paraguayo de Pedro Juan Caballero.

Hasta el momento, sólo se conocía que el PCC tenía ramificaciones en los estados brasileños desde su centro de operaciones, las cárceles del estado de San Pablo.

En dos ataques coordinados (el 12 de mayo y el 12 de junio), el PCC puso en jaque a la seguridad del estado de San Pablo con ataques de hampones contra fuerzas de seguridad, quema de ómnibus, agencias bancarias y atentados contra supermercados.

Según Folha de São Paulo, integrantes del PCC que tienen deudas con la tesorería de la organización son «condenados» a pagar trabajando como pistoleros en la frontera del estado brasileño de Mato Grosso do Sul con Paraguay. Y esas personas cruzaron a Paraguay y cometieron dos asaltos a bancos paraguayos en 2005, de acuerdo al expediente del juez federal de Oliveira. *