Abogada de Serpaj: en la cárceles del Interior se somete a los reclusos a un ocio compulsivo

El Servicio de Paz y Justicia admite problemas de «hacinamiento» en el Compen (cárcel de Santiago Vázquez) y en la Cárcel de Mujeres de Montevideo, al tiempo que en el Penal de Libertad existen dificultades con el aislamiento de los reclusos. Mientras tanto en el resto del país los inconvenientes radican en las estructuras edilicias que se encuentran en avanzado deterioro.

Integrantes de Serpaj visitaron en las últimas horas la cárcel departamental de Cerro Largo en el marco del recorrido por el interior del país para conocer la realidad de los centros de reclusión.

Consultada por LA REPUBLICA, la doctora María Eugenia Iglesias admitió que «las cárceles del interior del país padecen las falencias comunes, como ser las infraestructuras edilicias que están en muy mal estado, la alimentación que es muy mala, el servicio de la salud para los reclusos es deficitario y la falta total de actividades formativas, laborales y recreativas, lo cual somete a la población a un ocio compulsivo y desnaturaliza el objetivo que según la legislación nacional tendría que tener una cárcel».

Para la profesional de Serpaj, la Policía no está capacitada para dirigir las cárceles en nuestro país. «Nosotros no sólo pensamos que hace falta capacitar al personal policial sino que entendemos que las cárceles deben salir de la órbita del Ministerio del Interior. Quienes deben dirigir las cárceles no pueden ser policías, la policía no está formada para dirigir cárceles, se la forma para otra función y creemos que los modelos de los centros de reclusión también deben ser modificados donde la máxima de capacidad locativa no exceda el centenar de internos», puntualizó Iglesias.

Al ser consultada sobre quiénes deben controlar las cárceles en nuestro país, la letrada puntualizó «debe ser un equipo formado y capacitado para tratar situaciones de encierro y que de allí se genere algo productivo y no como ahora que los presos son tratados como depósitos en una clara violación de los derechos humanos».

Finalmente la asesora legal destacó el rol del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario «con quien compartimos el diagnóstico de los centros penitenciarios de todo el país» concluyó la doctora Iglesias. *