Estiman que los oficiales y agentes denunciados serán procesados en forma inminente

Varios policías de Tacuarembó, acusados de torturas a presos, abuso de funciones y malversación de fondos

El periodista Miguel Olivera Prietto, que ha seguido los casos de corrupción de la Policía de Tacuarembó, fue consultado por LA REPUBLICA. De acuerdo con su informe, el miércoles 7 de junio a las 13 horas ingresó al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de Primer Turno el comisario inspector Basicilio Berrueta, a declarar como testigo contra cuatro policías, dos oficiales y dos subalternos, acusados de torturas. Además debía declarar porque fue quien estuvo en la redacción de las actas, cuando el agente Juan Carlos Olivera denunció al comisario de la 14ª sección policial por haber desviado en provecho propio, los dineros destinados a pagarles el servicio 222, según denuncia el policía.

Más tarde, a las 14 horas, ingresó el comisario inspector Carlos Bueno a declarar como testigo de varios casos de abuso de funciones de otros oficiales y agentes policiales de Tacuarembó.

También debían declarar el comisario Tolentino de los Santos y los agentes Zully Paz, Alfredo Cuadrado y Alda Machado, el joven torturado en Paso de Víctor, Luis Ferreira, el preso Correnggia y el joven periodista Marcos Diperna, golpeado por un policía en su servicio 222 en la puerta de un baile. Todos como testigos.

 

Los casos investigados

Estas actuaciones están dirigidas a investigar las torturas en el Puente de Paso Víctor, por ruta 31, a 37 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, propinadas, presumiblemente, por el comisario inspector José Luis Fagundes (integrante del Comando de Jefatura Tacuarembó) y el oficial ayudante William Mascaraña, que junto a dos agentes golpearon y humillaron salvajemente a tres jóvenes que habían robado dos ovejas por las costas del río Tacuarembó Chico. Los jóvenes torturados fueron Luis Eduardo Ferreira Morales, Julio Gabriel Ferreira Morales y César Leonel Duarte Quiroga. A Luis Eduardo Ferreira lo mandaron tres días al CTI, a Julio Gabriel Ferreira le dieron todo tipo de golpes y a César Leonel Duarte lo colgaron cabeza abajo en un barranco y le hacían disparos por encima de su cuerpo, jugando con una botella que estaba en el agua, además de haberlo golpeado y humillado.

Algunos abogados consideran que estos hechos de torturas son de los más graves que han ocurrido últimamente en Tacuarembó, y desnudan prácticas que se acostumbr practicar aún y que no se hace demasiado por corregirlas. La fiscalía local está interesada puntualmente para que este caso de torturas en Paso Víctor sea dilucidado rápidamente, por lo que los policías involucrados podrían ser procesados prontamente.

 

El preso Correnggia

Investigan además el traslado irregular desde Paso de los Toros del preso Richard Correnggia Díaz, quien habría sido atado en la Comisaría 1ª a un árbol e interrogado sin su abogado y sin garantías de clase alguna. Había convenido con la Policía que aportaría datos sobre el robo en Casa Crespi de Tacuarembó a cambio de su traslado a la Cárcel de Tacuarembó, pero fue devuelto a Paso de los Toros y puesto junto al preso que había robado la casa comercial mencionada a riesgo de la vida de Correngia. Hay 15 mil dólares desaparecidos de ese robo y aún no se sabe quién se quedó con el dinero, aunque los ladrones fueron apresados en el momento del robo. Lo extraño del caso es que el preso habría dado una versión que molestó a la Policía, por lo que el hecho de haber sido puesto nuevamente en la celda de quien había robado, se interpreta como represalia. En este caso podría tener problemas hasta el jefe de Policía, Edilberto Duarte, pues reconoció públicamente el traslado y el interrogatorio, sabiendo que había sido interrogado sin las garantías suficientes.

 

El dinero del servicio 222

Algunos policías se vieron perjudicados cuando no cobraron el dinero de un servicio 222 que habían realizado, sin embargo uno solo se «animó» a realizar los reclamos pertinentes en un inicio y luego la denuncia penal correspondiente.

Este agente, Juan Carlos Olivera, como otros, en enero de 2005 reclamó a un oficial en la Seccional 14ª de Policía varias horas de servicio por el Artículo 222, que las había realizado en diciembre de 2004. Sin embargo la respuesta no fue satisfactoria para el reclamante. Lo que es evidente es que alguien se quedó con el dinero del Servicio 222, pero jamás llegó al bolsillo de quienes trabajaron para ganárselo.

Olivera debió soportar muchas presiones en forma injustificada por parte de superiores por haber informado sobre este hecho irregular. También recibió amenazas telefónicas en su casa diciéndole que fue un traidor, que no debió hablar, intentándole hacerle creer que el que estaba mal era él y no los que se habían cobrado su dinero.

El agente Olivera mantuvo sus declaraciones iniciales, a pesar de que otro oficial, amigo del comisario acusado, intentó hacerle cambiar las declaraciones iniciales para que inculpara al agente Eugenio Padilla de haberse quedado con el dinero. A pesar de que Juan Carlos Olivera ha mantenido su posición, Padilla fue dado de baja, y según fuentes habría sido tomado como chivo expiatorio. En este caso hay un comisario seriamente implicado, y la Justicia podría actuar contra él.

 

Traslados de oficiales

Los tres oficiales testigos de hechos ilícitos cometidos por otros policías han sido trasladados inmediatamente que han intentado aclarar situaciones irregulares.

El comisario inspector Basicilio Berrueta fue trasladado hace un año de un día para el otro a Montevideo, luego de estas actuaciones, como forma de «sacárselo» del medio. Actualmente es director del Tacoma, el centro de recuperación carcelaria de la calle Cerro Largo, en Montevideo. Este oficial es considerado «la esperanza» para muchos policías de comisarías pobres para solucionar los graves problemas de la interna tacuaremboense, sin embargo hubo un gran desaliento cuando fue trasladado a la capital.

El comisario inspector Carlos Bueno fue enviado a la Dirección Nacional de Cárceles en momentos en que estaba investigando casos de abusos de policías contra civiles en Tacuarembó, pretendiendo que lo que se estaba investigando quedara sin efecto. Este oficial es conocido porque por sus actuaciones en el año 2002 más de veinte policías corruptos terminaron procesados por diferentes delitos (entre ellos dos jefes de Policía), también es considerado por un sector de la policía como «la esperanza» de que las cosas sean distintas por Tacuarembó.

El comisario Tolentino de los Santos fue enviado a Colonia después de haber denunciado penalmente al mismo jefe de Policía y a otros oficiales, por el traslado irregular del preso Correnggia desde Paso de los Toros a Tacuarembó.

La agente Alda Machado que denunció al 0800 del Ministerio del Interior sobre las torturas sobre Leonel Duarte, Luis Ferreira y Julio Ferreira, cambió la versión por las presiones sufridas, sin embargo en la última instancia judicial habría vuelto a ratificar las denuncias iniciales. En ese cambio de posturas, la mujer policía que tuvo 24 años de carrera intachable y denunció inicialmente esta grave situación, y que debido a las amenazas sufridas cambió esas declaraciones, será procesada por ese motivo. Sin embargo tendrá el beneficio del arrepentimiento, pues en una actitud también valiente, habría retornado a sus denuncias originales. Sus declaraciones enviarían directamente a la cárcel a cuatro policías, por lo menos. *

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