"Estoy preso por el crimen de un niño en Buenos Aires, pero soy inocente"

Enrique Eloy Coito Piriz remitió una carta a LA REPUBLICA pidiendo auxilio porque él y su familia continúan presos desde el 16 de julio del año pasado en Argentina por el secuestro extorsivo y homicidio de Santiaguito (como se conoció el caso a través de la prensa porteña). Enrique Coito, su mujer Ana Isabel Machado, el hijo de ambos Henry Alexander y Abel Domínguez, padrino del joven, continúan entre rejas «por un crimen que no cometimos. Es más, el padre del chico muerto siempre estuvo envuelto con problemas de drogas, pero aquí nadie investiga nada», dice el hombre visiblemente desesperado.

Al principio, el relato parecía poco creíble, pero los mismos datos aportados por su esposa estaban en posesión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y fueron confirmados por uno de los abogados de los procesados.

Durante largas conversaciones la mujer, y otros familiares de los detenidos, sostuvieron que además de la multiplicidad de pruebas e interrogatorios que debieron afrontar, y que no arrojaron elementos en su contra, los imputados fueron víctimas de brutalidad policial.

Incluso aseguró que fueron objeto de prácticas comunes durante el período dictatorial, como ejemplo dijo que los abogados informaron que Isabel (recluida en la cárcel de Ezeiza) habría padecido «plantones esposada contra una pared» por 48 horas, para luego, en la madrugada, ser conducida a la sala de interrogatorios. Y que Enrique (que al igual que su hijo y el amigo de la familia se encuentra en el establecimiento de Marcos Paz) habría sido golpeado hasta el extremo de que «posiblemente le fracturaron una costilla».

A los hombres también les habrían prohibido el ingreso de los alimentos llevados por la hija del matrimonio, quien está a cargo de sus hermanos menores y debió suspender su casamiento.

La mujer asegura que la situación de los hombres cambió radicalmente «y para bien», luego de que un alto funcionario del Consulado uruguayo en Buenos Aires los visitara y pidiera información del proceso a la Justicia argentina. Lamentablemente el diplomático no visitó a Isabel por desconocer su procesamiento.

Fuentes de la Cancillería explicaron que en esa instancia no se pudo comprobar el mal trato  el cual podría corresponder a «códigos penitenciarios comunes en casos donde hay un niño como víctima»  y apenas se obtuvo datos del proceso, debido a que el caso aún se encontraba bajo secreto sumarial. En estos días, los nuevos funcionarios del Consulado aguardan nuevas informaciones de los magistrados, ya que el 6 de octubre la causa fue declarada nula por motivos técnicos.

Además, en Montevideo se espera que desde esa sede se les comunique la situación particular de Isabel, quien se encuentra en un fuerte estado depresivo y amenaza con quitarse la vida si no recupera su libertad rápidamente.

 

Volver a cero

La nulidad del caso fue dictaminada por la Sala 1 de la Cámara de Justicia de la ciudad de La Plata como consecuencia de que las indagatorias fueron realizadas por el fiscal cuando debieron estar a cargo del juez federal.

Andrea Calvo, una de las abogadas defensoras, explicó que en primera instancia se accedió a que el fiscal realizara las investigaciones por el «absoluto convencimiento de la inocencia» de sus clientes, y por ser este funcionario quien conocía la causa desde el inicio. La resolución de la dependencia de La Plata determinó que nuevamente el juez Santamaría debiera expedirse sobre el caso, lo que culminó con una ratificación del procesamiento con prisión preventiva. Actualmente la defensa recusó la decisión para que sea otra vez declarada nula y pueda habilitarse un cambio de juez, que según la abogada permitiría una resolución imparcial ya que el nuevo magistrado no estaría bajo las presiones que padeció el primero.

De producirse esto, los defensores podrían solicitar la aplicación de alguna medida de libertad para que el estado físico de los acusados no siga empeorando en tanto se arriba a un veredicto.

Sin embargo esta opción se dificulta por la calidad de indocumentados de los imputados, quienes residen en Argentina desde hace más de una década.

Por otra parte, la entrada de un nuevo juez podría significar que se pase inmediatamente a juicio oral o que se efectúen nuevas instrucciones. En todo caso, la decisión final acerca de la inocencia o culpabilidad de la familia Coito Machado podría demorarse uno o dos años. La única posibilidad de que los plazos se acorten es que aparezcan nuevos elementos que puedan significar motivos para que el niño fuese asesinado.

En ese sentido los abogados sostienen que las declaraciones de la familia de la víctima se contradicen, al tiempo que intentar aclarar zonas oscuras respecto a la situación económica de los Miralles. Una de las piezas clave que aún no ha sido comprobada es la llamada telefónica realizada por los secuestradores exigiendo el rescate. Los defensores la han reclamado, pero nunca han tenido acceso al registro.

 

El caso

El hecho fue investigado por el fiscal federal de Lomas de Zamora, Carlos Daneri, y por el juez federal Alberto Santamaría. La carátula reza: «Secuestro extorsivo seguido de homicidio», el artículo 142 bis del Código Penal argentino establece para este delito la pena de reclusión o prisión perpetua. Santiago Miralles, de seis años desapareció el 13 de julio. Un día después su familia recibió una llamada exigiendo un rescate de 20.000 pesos argentinos.

El 16, la policía encontró el cuerpo, oculto en una cámara séptica de la quinta que cuidaban los uruguayos y con una soga atada al torso de la que pendía una bolsa con cerámicas cuya función era evitar la flotación. Las pericias determinaron que Santiago fue asesinado a golpes. Manchas de sangre detectadas en el baño de los uruguayos, y 20 mil pesos que restaban pagar de un plan crediticio para adquirir un coche con el sueño de trabajarlo como remise, fueron determinantes para sembrar las sospechas necesarias para concretar el arresto.

La hipótesis manejada por el juez versaba que el asesinato fue planeado desde un principio, debido a que el niño conocía a sus vecinos e incluso iba a jugar a su casa con frecuencia.

El procesamiento de la familia se conoció el día 18, minutos antes de que los padres del niño, junto a Juan Carlos Bloomberg, y 300 personas más iniciaran una marcha ante los Tribunales Federales de Lomas de Zamora en reclamo de justicia. La rapidez con que se dictó el procesamiento llamó la atención a la prensa argentina y valió varias críticas a la actuación policial y judicial en el caso, hasta el extremo de que aparecieran artículos titulados como «El irregular caso Santiaguito».

 

Pericias

Dado que los acusados nunca dejaron de afirmar su inocencia, según los medios argentinos no dieron «declaraciones claras», se practicaron pruebas a las manchas -de un fluido que podría haber sido sangre- halladas en el Volskwagen Gol de los acusados, así como a las sogas y cerámicos incautados en la casa de uno de los detenidos, por su parecido con los utilizados para atar el cuerpo.

También se efectuaron pericias sobre ropas y un jabón que podría haber sido utilizado para lavar prendas que fueron encontradas húmedas.

Asimismo debieron pasar por el examen del polígrafo, o detector de mentiras como se le conoce usualmente.

Además se realizaron pruebas de ADN que todavía no están listas.

Ninguna de las pesquisas brindó elementos contundentes que confirmaran la culpabilidad de los sospechosos.

Según la abogada defensora, lo único comprobado es que el chico apareció en la cámara séptica del domicilio de los imput
ados. *